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Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos

Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos

Saludos lector, el tema que hoy vamos a tratar es la nulidad y la anulabilidad de los actos administrativos. Es recomendable antes de continuar con la lectura de este artículo, leas este otro de los actos administrativos.

Nulidad y anulabilidad del acto administrativo en la ley 39/2015

En derecho publico en general y muy particularmente la nulidad se trata de igual manera que en derecho civil: En el derecho privado la nulidad esta referida a la invalidez de los contratos y más concretamente a los vicios de estos, en algunos de sus elementos, cuando incurren en causa de nulidad.

Para aclarar esto y ver las diferencias de la teoría de las nulidades en derecho administrativo y derecho civil, vamos a ver el artículo 1261 del código civil:

No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes:

  1. Consentimiento de los contratantes.
  2. Objeto cierto que sea materia del contrato.
  3. Causa de la obligación que se establezca.

Como puedes observar la nulidad por falta de consentimiento no podría ser aplicable en derecho administrativo pues los actos administrativos en su inmensa mayoría son de carácter unilateral.

Este es un solo ejemplo para que comprendas que la nulidad en derecho privado no se puede transponer en derecho administrativo.

Por ponerte otro ejemplo la ley 39/2015 en el artículo 47.1.b dice que es nulo el acto administrativo, dictado por órgano administrativo incompetente por razón de la materia o del territorio. No hay que adivinar (como dice Gordillo) que esto, referido a los contratos tampoco es posible trasladarlo.

Nulidad de los actos administrativos

Saber más sobre 👉 los actos administrativo

La nulidad de los actos jurídico administrativos se encuentra regulado en el artículo 47 de la Ley de procedimiento administrativo, y son los siguientes:

  1. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
  2. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
  3. Los que tengan un contenido imposible.
  4. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
  5. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
  6. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
  7. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.

Vamos a verlos uno a uno.

Nulidad de los actos administrativos, que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

Cuando el articulo 47.1 de la ley de procedimiento administrativo, menciona los actos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, se refiere a los llamados derechos fundamentales. Estos se encuentran en la constitución española en los artículos 14 a 29 y el derecho a la objeción de conciencia contenida en el artículo 30 de la citada constitución.

Lo puedes comprobar también en el artículo 41.1 de la Ley orgánica del tribunal constitucional que regula la interposición del recurso de amparo.

Nulidad del acto administrativo por incompetencia del órgano administrativo

El articulo 47. 1 exige para que se de esta nulidad por incompetencia del órgano administrativo, que esta sea manifiesta.

Es importante que tengas en cuenta la interpretación que hace tanto el Tribunal supremo como el Consejo de estado de este término. Cuando la ley 39/2015 dice que debe ser “manifiesta” se esta refiriendo a que tal incompetencia sea a simple “vista” ostensible, es decir que no haya que hacer un esfuerzo interpretativo, buscando en las normas de creación del órgano administrativo o de régimen jurídico de cada administración, para ver que dicho acto administrativo se ha dictado por órgano incompetente.

Por poner ejemplos de esta causa de nulidad:

La administración autonómica que dicta un acto administrativo, que afecta a dos comunidades autónomas, cuando debería dictarse por la administración general del estado, por esta doble afectación. (incompetencia por razón del territorio).

El pleno del ayuntamiento que aprueba la condonación de una deuda, cuando realmente la condonación tiene que estar prevista en una norma con rango de ley (incompetencia material).

Nulidad del acto administrativo por contenido imposible

La imposibilidad del acto administrativo puede entenderse desde el punto de vista físico y jurídico.

Físico porque el contenido del acto vaya en contra de las leyes físicas o de la propia realidad y por ello imposible de ejecutar.

Jurídico porque atente contar las propias leyes de una forma ostensible y clara, por ejemplo, dictar en un procedimiento sancionador una pena de prisión. Sin embargo, el Tribunal supremo (Sentencias de 19 de mayo de 2000, 2 de noviembre de 2004 y 31 de mayo de 2012) entiende que la imposibilidad de carácter jurídico debe interpretarse como una infracción al ordenamiento jurídico o ilegalidad de este y tratarlo como una anulabilidad.

En ese último punto pienso, que cuando dice eso el Tribunal supremo, es porque no se ha dado un caso tan grave (sanción de pena de prisión) como el que pongo en el ejemplo.

Nulidad del acto administrativo, por ser constitutivo de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta

Este tipo de nulidad se da cuando el acto administrativo ha sido dictado como consecuencia de una infracción penal o el mismo acto es constitutivo de un delito.

Un ejemplo de acto dictado como consecuencia de una infracción penal sería, el que se dicta en virtud de unos documentos falsos que han sido determinantes, en la instrucción del procedimiento administrativo.

Por el contrario, un acto administrativo que constituya infracción penal sería el que es dictado cometiendo un delito de prevaricación o cohecho.

Nulidad del acto administrativo, por prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, o de las normas que contengan las reglas esenciales para la formación de la voluntad del órgano colegiado

Esta causa de nulidad recuerda a la nulidad por incompetencia manifiesta del órgano administrativo. Pues la ley de procedimiento administrativo requiere la total y absoluta omisión del procedimiento legalmente establecido.

No sólo es necesario que se prescinda del procedimiento, en algunos trámites, debe ser la practica totalidad de los tramites y estos deben tener una entidad tal, que sea imprescindible la declaración de nulidad de pleno derecho.

Nulidad de los actos expresos o presuntos, contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

El ejemplo clásico de esta nulidad sería el opositor que obtienen el derecho al nombramiento como funcionario de carrera de una administración, pero se descubre que este no tiene la titulación exigida

Nulidad de los actos administrativos por otro motivo que se determinen en una norma con rango de ley

Sólo conozco una norma con rango de ley que incluya otras causas de nulidad del acto administrativo, y es la ley de contratos del sector público en el artículo 39.

Si tú, lector conoces otra estatal o autonómica te agradeceré que me lo digas en los comentarios.

Anulabilidad de los actos administrativos

El acto administrativo anulable se encuentra regulado en el artículo 48 de la ley 39/2015.

Algunos autores lo llaman vicio de nulidad relativa, refiriéndose a la anulabilidad, y vicio de nulidad absoluta, a la nulidad de pleno derecho.

Dejando al margen la denominación de la figura jurídica, la anulabilidad del acto administrativo es la regla general en el derecho administrativo, no ocurre lo mismo en derecho civil, que es al revés.

Es la regla general porque el articulo 48 de la ley 39/2015, dice que son anulables, los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder. Mientras que los motivos de nulidad de pleno derecho están tasados.

La ley de procedimiento administrativo, no obstante, previene a los más “avispados”, diciendo que los defectos de forma solo implican anulabilidad, cuando el acto carezca de los elementos formales necesarios para alcanzar su fin (falta de notificación) o produzcan indefensión (no notificar un pliego de cargos).

Elementos comunes a los actos administrativos nulos y anulables

A continuación te enumero una serie de aspectos que son de aplicación, a ambos tipos de invalidez del acto administrativo:

Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos. La ley 39/2015 pone una serie de limites al vicio de invalidez jurídica. Una de ellas es la previsión que ha tenido el legislador al limitar los efectos de la nulidad y la anulabilidad, pues esta no se transmite a los sucesivos actos administrativos.

Al igual las partes del mismo acto administrativo, que no tengan vicio de nulidad o anulabilidad, se pueden conservar.

Conversión de actos viciados. Lo encontramos en el articulo 50 de la ley 39/2015 y supone que los actos administrativos nulos o anulables, que contengan elementos de otro acto administrativo, producirán los efectos de este último.

Convalidación de los actos anulables. Supone que la administración puede subsanar los vicios de anulabilidad. En definitiva, supone arreglar lo estropeado para no tener que declarar la anulabilidad.

Cuando la invalidez del acto se produzca por incompetencia, no determinante de nulidad de pleno derecho, se puede subsanar, dictando la resolución el órgano competente.

Hasta aquí una breve aproximación a la nulidad y anulabilidad de los actos.

Siempre recomiendo el estudio por la propia ley, siempre que antes se haya hecho un ejercicio de comprensión, buscando en libros publicaciones o en este blog 😏. Pero es lo que mejor resultado da en el caso que seas opositor.

Te recuerdo que puedes buscarme en internet por ius cogens blog o aprende derecho con ius cogens.

Los recursos Administrativos

Los recursos Administrativos

¿Qué es un recurso administrativo?

El medio que facilita el legislador para la impugnación de un acto administrativo dictado por la administración, como consecuencia de la finalización de un procedimiento administrativo.

Saludos lector este podría ser el concepto de recurso administrativo, este es el concepto que yo propongo.

En este artículo voy a utilizar la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo.

Objeto de los recursos administrativos y actos recurribles

El artículo 112 de la citada ley de procedimiento administrativo, nos indica que son recurribles:

Las resoluciones, entendiendo por tal, los actos administrativos que ponen fin al procedimiento administrativo.

Los actos de trámite que decida dan directa o indirectamente sobre el fondo del asunto.

los actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuación del procedimiento administrativo.

Los actos, también de trámite, que produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos de las partes en el procedimiento.

Por lo tanto, si nos preguntamos ¿Qué es un acto administrativo recurrible? Acudiremos al artículo 112 de la ley de procedimiento administrativo y son los citados actos los que son recurribles en vía administrativa. No obstante, debes de tener en cuenta que son recurribles, los actos administrativos finalizadores del procedimiento administrativo, pero no hay que equivocar firmeza del acto o actos administrativos definitivos, con actos finalizadores del procedimiento administrativo o resoluciones como los denomina el artículo 112 de la ley 30/1995.

Un acto definitivo en vía administrativa es el dictado por un órgano administrativo que carece de superior jerárquico o bien teniendo superior jerárquico resuelve en alzada y por tanto carece de más recursos ordinarios.

Por el contrario, una resolución simplemente finaliza el procedimiento administrativo que se esté tramitando, pero no finaliza la vía administrativa.

Características jurídicas de los recursos administrativos

  1. Es una manifestación de disconformidad, de una de las partes en el procedimiento administrativo.
  2. En consecuencia, operan como medios de impugnación en materia administrativa.
  3. Son interpuestos ante el mismo órgano administrativo que dicto el acto o ante su superior jerárquico.
  4. Se caracterizan por una finalidad revocatoria, sustitutoria o modificación del acto jurídico administrativo

 Tipos de recursos administrativos

Para realizar una correcta clasificación de los recursos administrativoshay que diferenciar entre recursos ordinarios y recursos especiales o extraordinarios.

Los recursos administrativos ordinarios, son el recurso de alzada y el recurso de reposición.

Como recurso extraordinario, en el ordenamiento jurídico administrativo español, sólo está el recurso extraordinario de revisión, del que te hablaré más adelante.

Elementos de los recursos administrativos

Los recursos administrativos tienen una serie de elementos comunes que te voy a explicar ahora.

Interposición del recurso

La interposición de recursos administrativos tiene unos requisitos de forma:

  1. El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo.
  2. El acto que se recurre y la razónde su impugnación. Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
  3. Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación.
  4. Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.

Causas de inadmisión de los recursos administrativos

Las causas siguientes están recogidas en el artículo 116 de la Ley 39/2015

  1. Competencia del órgano administrativo, por tener la competencia otra administración pública.
  2. Falta de legitimación del recurrente.
  3. Actos no susceptibles de recursos.
  4. Finalización del plazode interposición del recurso.
  5. Falta manifiesta de fundamento jurídico del recurso.

Suspensión de la ejecución de los actos administrativos, por interposición de recursos

Como norma general la Le ley reguladora del procedimiento administrativo determina la no suspensión de la ejecutoriedad de los actos administrativos por interposición de recurso.

Este artículo 117 de la mencionada ley 39/2015 supone un problema cuando se llega al procedimiento contencioso administrativo, pues este a través de la Ley de la jurisdicción contencioso administrativo, reconoce la suspensión de la ejecutoriedad de los actos administrativos. Sin embargo, la Ley 39/2015 establece, como decía anteriormente, la no suspensión por interposición de recursos.

Ahí está el problema pues como bien dice Rubén Ibáñez bodornau:

Sin embargo, no se puede desconocer que desde que se notifique el acto administrativo hasta que el juez acuerda su suspensión cautelar el tiempo transcurrido pude dar lugar a la inviabilidad de la medida cautelar solicitada, por cuanto el hecho ejecutivo ya se ha consumado desplegando todos sus efectos con las consiguientes consecuencias.

Puedes leer el artículo completo aquí.

No obstante, como ocurre en derecho y en derecho administrativo en general, esta norma tiene sus excepciones:

  1. Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
  2. Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015.

Esta suspensión se puede dictar de oficio o a instancia del interesado en el procedimiento administrativo.

Recurso de alzada

Las resoluciones y actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa pueden ser recurridas en alzada ante el superior jerárquico.

Esta información no estaría completa si no sabemos que actos administrativos ponen fin a la vía administrativa.

Actos que ponen fin a la vía administrativa

Para saber que actos ponen fin a la vía administrativa y, por tanto, por exclusión saber que actos no ponen fin y por ello son recurribles en alzada. Tienes que acudir al artículo 114 de Ley de procedimiento administrativo, son los siguientes:

  • Las resoluciones de los recursos de alzada.
  • Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el apartado 2 del Art. 112, Ley 39/2015, de 1 de octubre.
  • Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
  • Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
  • La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.
  • Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

En el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes:

  • Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.
  • Los emanados de los ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares.
  • Los emanados de los órganos directivos con nivel de director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal.
  • En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.

Plazos de interposición del recurso de alzada

  • Si el acto administrativo es expreso, el plazo es de un mes.
  • Si el acto administrativo no es expreso o presunto, en cualquier momento a partir del día siguiente en el que produzca los efectos del silencio administrativo.

El plazo máximo para resolver y notificar el recurso de alzada es de tres meses.

Comparto un modelo de recurso de alzada. Estos modelos resultan de mucha utilidad para el estudio, pues supone un repaso completo al recurso en cuestión de sólo un vistazo.

Recurso potestativo de reposición

Este recurso como es opcional para el interesado y se interpone contra los actos que pongan fin a la vía administrativa. Resuelve, el mismo órgano administrativo que dicto el acto administrativo,

En el caso que se interponga este recurso, no se puede interponer el recurso contencioso administrativo, hasta que no sea resuelto el recurso de reposición.

Plazos de interposición del recurso de reposición

Al igual que ocurre con el recurso de alzada:

  • Si el acto administrativo es expreso, el plazo es de un mes.
  • Si el acto administrativo no es expreso o presunto, en cualquier momento a partir del día siguiente en el que produzca los efectos del silencio administrativo.

El plazo para dictar y notificar el recurso de reposición es de un mes.

Recurso extraordinario de revisión

El recurso de revisión se interpone contra los actos administrativos en los que ya no cabe recursos ordinarios -alzada y reposición-. Esto es, firmes en vía administrativa.

Este tipo de recursos sólo se pone en unas circunstancias extraordinarias, de ahí su nombre, que están tasadas en el artículo 125 de la Ley 39/2015, y son los siguientes:

  1. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
  2. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
  3. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
  4. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

Plazos de interposición del recurso extraordinario de revisión

Cuando este recurso está fundamentado, en la existencia de un error de hecho resultante de los documentos que obren en el expediente administrativo. El plazo será de cuatro años a fecha de notificación de los actos impugnados.

En los demás casos será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos nuevos que aparecieran o desde que la sentencia hubiera quedado firme. (Supuestos b, c, d, del artículo 125 de la ley 39/2015).

El plazo de resolución del recurso de revisión son tres meses, entendiéndose desestimado, si no hubiera resolución expresa en dicho plazo.

De la misma manera que hice con el recurso de alzada, te dejo un modelo de recurso extraordinario de revisión de una entidad pública empresarial, que te servirá para comprender mejor este recurso.

Conceptos utilizados en este artículo

Hasta aquí el artículo sobre los recursos administrativos, espero que haya sido de utilidad para ti lector y te recuerdo que puedes buscarme por ius cogens blog o aprende derecho con ius cogens.

El acto administrativo.

El acto administrativo.

El acto administrativo en el derecho Español.

Hola lector te traigo un nuevo artículo de este blog, como sabrás el acto administrativo merece un tratamiento distinto, detallado y por tanto merecedor de un artículo completo.

Si bien es cierto que en ocasiones esto se estudia dentro del procedimiento administrativo, este tema (el acto administrativo) cuenta incluso con completas tesis doctorales, publicaciones en revistas especializadas, etc.

Todo esto viene a demostrar la importancia que el acto administrativo, tiene como engranaje fundamental del procedimiento administrativo.

El acto administrativo podría definirse como, la forma de finalización necesaria del procedimiento administrativo común. Pera este concepto lo hace dependiente del procedimiento administrativo, por lo que se puede quedar corto.

Concepto de acto administrativo.

Entre los administrativistas existe un consenso pacífico en torno al concepto de acto administrativo. Este consenso parte de la teoría de Zanobini (jurista italiano, años 30 del siglo XX), de definir al acto administrativo desde el punto de vista del negocio jurídico.

Es decir traer la teoría del negocio jurídico del derecho civil, a la teoría del acto administrativo. Por lo tanto en este sentido el acto administrativo no sería un acto imperativo (excluyendo los que exigen el uso de medios coercitivos) sino de voluntad por parte de la administración.

Por tanto y de acuerdo con esta teoría nos quedamos con el concepto de acto administrativo aportado por Eduardo Garcia de Enterria. Según el cual el concepto de acto administrativo sería:

La declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta a la potestad reglamentaria.

Elementos del acto administrativo.

Elemento subjetivo del acto administrativo.

Se refiere al sujeto que dicta el acto administrativo, que va a ser siempre una administración pública o una entidad de derecho público que ejerza potestades públicas.

Este elemento nos lo proporciona implícitamente el artículo 34.1 de la Ley de procedimiento administrativo común 39/2015

Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.

Elemento objetivo del acto administrativo.

Entre los elementos objetivos del acto administrativo nos encontramos:

Elementos de  contenido, nos lo da el artículo 34.2 de la Ley de procedimiento administrativo común.

El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.

La causa, como elemento objetivo del acto administrativo:

La causa es la representación que se hace el sujeto titular de la potestad pública, para dictar una acto administrativo de acuerdo al ordenamiento jurídico.

En este sentido la sentencia 28 octubre de 1988,  del Tribunal supremo considera a la causa como elemento del acto administrativo.

Finalidad, como elemento objetivo del acto administrativo.

Si la causa responde al ¿Por qué?, del acto administrativo. La finalidad debe responder al ¿Para qué?.

Esta finalidad debe de ser lícita y por tanto conforme al ordenamiento jurídico administrativo.

Esta conformidad y finalidad de acuerdo al ordenamiento jurídico se da cuando, cumple lo dispuesto en:

Artículo 103 de la Constitución española.

“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales”

Artículo 3.1 de Ley de régimen jurídico del sector público.

“Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales”

Elementos formales del acto administrativo.

Este elemento del acto administrativo viene recogido en el artículo 36 de la Ley de procedimiento administrativo 39/2015. Se refiere a la forma que adopta el acto administrativo.

Por escrito: Es la forma general que adoptan los actos administrativos y la que más seguridad jurídica genera a los administrados.

De forma verbal: Es común en ciertos ámbitos que los actos administrativos se dicten de forma oral ( policías, ejercito) de hecho el artículo  de la Ley de procedimiento administrativo ya lo tiene previsto, al igual que lo tenia la antigua ley 30/92.

“En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido.

Clases de actos administrativos.

En los temarios de derecho administrativo, oposiciones, etc se incluye siempre este epígrafe “clases de actos administrativos”, sin embargo no lo considero muy práctico.

Verás diariamente se producen cientos de actos de carácter administrativo en España, tenemos de hecho tres niveles administrativos en nuestro país, sin contar la administración de la Unión europea.

Intentan clasificar esto por clases de actos, obedece más a una manía que tenemos de clasificar todo.

Clasificaciones hay tantas como autores así pues daré la clasificación de acto administrativo, que considero más práctica:

Clases de actos administrativos en función de la firmeza del acto.

Actos administrativos definitivos.  Son los que ponen fin al procedimiento administrativo.

Actos administrativos de trámite.  Son actos necesarios para iniciar o impulsar el procedimiento administrativo.

Clases de actos administrativos en función de los recursos.

Actos administrativos firmes. Aquellos actos que no son recurribles bien porque el interesado ha dejado pasar el plazo para recurrir el acto bien porque ha sido recurrido y no procede más recursos.

También ocurre cuando un interesado no recurre el acto administrativo que pone fin, a la solicitud que activo el procedimiento administrativo, y vuelve a realizar idéntica solicitud. Esta segunda resolución tendrá consideración de confirmatoria de la primera.

Actos administrativos no definitivos. Cabe recurso en vía administrativa o contencioso administrativo

Clases de actos administrativos en función del sentido del silencio administrativo.

Actos administrativos presuntos. Se entiende por tal los actos en los que ha pasado el tiempo máximo para resolver por parte de la administración y no resuelve.

Actos administrativos expresos. Son aquellos actos en los que hay resolución expresa por parte de la administración dentro de plazo, o bien resolución expresa confirmatoria del acto administrativo presunto.

Características del acto administrativo.

Las características administrativas se pueden extraer del propio concepto del acto administrativo y de todo lo que te he estado contando hasta ahora, veamos la características del acto administrativo.

  • Acto jurídico que expresa una declaración de voluntad.
  • Es una acto sujeto al ordenamiento jurídico administrativo.
  • Tiene por finalidad satisfacer los intereses generales.
  • Salvo excepciones su forma es escrita.
  • Tienen presunción de validez (artículo 39.1 de la Ley de procedimiento administrativo).
  • Gozan de eficacia jurídica desde el  momento que se dictan, salvo excepciones de eficacia demorada (artículo 39.2 de la Ley 39/2015).

Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos

👉La nulidad y anulabilidad en el derecho administrativo

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Recursos contra los actos administrativo

Los recursos Administrativos

Ejemplos de actos administrativos.

Como ya dijimos en España se producen diariamente cientos, quizás miles, de actos administrativos, por lo que nada mejor que “tirar” de BOE o Diarios oficiales de comunidades autónomas, para encontrar unos cuantos.

Ejemplo de acto administrativo número 1:

Adjudicación de un puesto de jefe de negociado de visados en el consulado de España en Orán.

BOE 5/11/2018.

Ejemplo de acto administrativo número 2:

Contrato de arrendamiento de la Delegación de la junta de Andalucía en Cádiz.

Boletín oficial de la Junta de Andalucía 5/11/2018.

Ejemplo de acto administrativo 3:

Aprobacion provisional de adminitidos y excluidos, las oposición para cubrir una plaza de policía local en el ayuntamiento de Medina de las Torres (Badajoz).

Más ejemplos de actos administrativos :

  • Una multa de tráfico.
  • Una resolución administrativa de adopción.
  • Una acto administrativo de concesión de una subvención.
  • La nomina de mensual de un funcionario público (Sí esto también es un acto administrativo).

 ¿qué ejemplo de acto administrativo añadirías a la lista?

Conceptos utilizados en este artículo

Por el momento hasta aquí el artículo sobre el acto administrativo.

Recuerda que este artículo lo iré actualizando, como todos los de este blog.

El procedimiento administrativo

El procedimiento administrativo

Procedimiento administrativo común

Hola lector el tema que hoy nos ocupa, es el procedimiento administrativo. Como siempre hago, lo primero es determinar, lo que yo llamo “material” a utilizar o régimen jurídico del procedimiento administrativo.

De una forma más sencilla, las normas de derecho administrativo, que voy a utilizar para el estudio de este tema en concreto.

Régimen jurídico del procedimiento administrativo

Artículo 105, b de la Constitución española.

Título IV de la ley 39/2015 del procedimiento administrativo común a las administraciones públicas.

¿Qué es el procedimiento administrativo?

Es la sucesión de actos encaminados a la producción de un acto administrativo, favorable o de gravamen para el administrado. De acuerdo con una ordenación preestablecida por el ordenamiento jurídico.

Si bien este es un concepto de procedimiento administrativo, resulta más practico acudir al concepto normativo o legal, y este lo encontramos en la constitución española, en el artículo 105, b, que dice así.

La ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos.

Bien es cierto que este concepto es traído en función del resultado (el acto administrativo) además, el legislador constitucional, introdujo la referencia al procedimiento administrativo, principalmente, para hacer una reserva de ley en esta materia.

Pero no hay otro concepto de procedimiento en nuestro ordenamiento jurídico y yo como soy muy positivista, jurídicamente hablando, me quedo con este.

Las partes en el procedimiento administrativo

En el procedimiento administrativo, de un lado como parte necesaria, siempre va a estar la administración pública. Además de parte necesaria, estará está representada por un órgano administrativo. Que va a ser el que dicte el acto administrativo que ponga fin al procedimiento.

Pero es que esta parte necesaria en el procedimiento, esta es la diferencia fundamental con el proceso contencioso administrativo, resuelve y es parte activa en el procedimiento.

Cosas de las prerrogativas de la administración y la autotutela. Digamos que es juez y parte, en definitiva.

Del otro lado se constituye como parte el interesado en el procedimiento administrativo o el afectado por el procedimiento administrativo.

La ley 39/2015 entiende por interesados en el procedimiento, a estos sujetos.

  • Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
  • Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
  • Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
  • Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.
  • Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

Interesados que además tienen una serie de derechos en el procedimiento, como puedes ver aquí.

Derechos de los interesados en el procedimiento administrativo.

Derechos de los interesados en el procedimiento administrativo sancionador.

Fases del procedimiento administrativo

El procedimiento consta de cuatro fases diferenciadas. El inicio del procedimiento, la instrucción, ordenación del procedimiento y la terminación.

No pocos autores incluyen la ordenación como una parte de los actos de instrucción del procedimiento administrativo.

Bajo mi punto de vista, es un error, porque ordenar un procedimiento, es la realización de los actos necesarios, por parte del órgano administrativo, para que el procedimiento llegue a buen fin. Esto es, el acto administrativo que corresponda.

Sin embargo, instruir es la realización de los actos necesarios, por las partes interesadas en el procedimiento y la propia administración, para que el órgano administrativo se instruya adecuadamente sobre cada una de las pretensiones.

Inicio del procedimiento administrativo

El inicio tal y como recoge la Ley 39/2015, se puede iniciar de oficio o a solicitud del interesado.

Inicio de oficio

Este tipo de iniciación del procedimiento se produce cuando, el órgano administrativo tiene conocimiento de algún hecho, que en virtud del ordenamiento jurídico requiere el inicio del procedimiento.

El ejemplo clásico sería una infracción administrativa, tipo exceso de velocidad.

Inicio a solicitud del interesado

Este tipo de inicio se da en procedimientos en los que el administrado, interesa la participación en procedimientos de concurrencia competitiva (una oposición o un procedimiento de adjudicación de contrato administrativo), la solicitud de algún derecho favorable al administrado (una subvención) o el cumplimiento de una obligación (una licencia de obras o apertura de un local abierto al público).

Las solicitudes deberán contener:

  • Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.
  • Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.
  • Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
  • Lugar y fecha.
  • Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
  • Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.

En el caso de procedimientos administrativos, que tengan impresos normalizados, el administrado tiene la obligación de cursar la solicitud en este impreso normalizado.

Ordenación del procedimiento

Hay una serie de actuaciones, que como he dicho anteriormente ordenan el procedimiento, para que este llegue a buen término.

Son los siguientes:

Expediente administrativo

El procedimiento administrativo una vez iniciado adopta la forma de expediente administrativo.

La ley 39/2015 define el expediente administrativo como.

El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

Como ves el expediente administrativo actuación dirigida a ordenar el procedimiento.

Impulso del procedimiento

Los procedimientos administrativos se impulsan de oficio, pero no hay que confundir conceptos. El procedimiento, aunque no haya sido iniciado de oficio, se impulsa de oficio.

Quiere decir que la administración en todos los procedimientos administrativos debe impulsarlos de oficio, para que estos no queden “olvidados”. Esta obligación de impulso está íntimamente relacionada, con la obligación que tiene la administración de resolver.

Principio de concentración

Es te principio va dirigido, a ordenar también el procedimiento administrativo. Consiste en concentrar en un solo acto, todos los trámites que por su naturaleza sean, susceptibles de concentración administrativa.

Cumplimiento de trámites administrativos

Los trámites que deban cumplir los administrados, la ley de procedimiento administrativo común da un plazo genérico de diez días, a partir del día siguiente al de la notificación. Salvo en los casos en los que la norma específica que regule el procedimiento en concreto dé otro plazo.

Instrucción del procedimiento administrativo

Como he comentado antes la instrucción sirve para instruir al órgano administrativo, digamos en la formación de su voluntad, en el momento de resolver.

La ley de procedimiento administrativo define los actos de instrucción, de una forma muy clarificadora en el artículo 75.1.

Para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución

Esa forma de instruirse es a través de las siguientes actuaciones:

Alegaciones

Las alegaciones se pueden realizar por el interesado, en cualquier fase del procedimiento, siempre que sea en fase anterior al trámite de audiencia.

Además, estas alegaciones (como dice la ley 39/2015) tienen que tomarse en cuenta por el órgano administrativo en el momento de resolver.

Esto último es importante, pues la obligación de resolver, que tiene la administración, implica resolver en tiempo, en forma y en contenido. Pues la resolución debe pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones, alegaciones, medios de prueba, informes, etc.

Es decir, estos actos de instrucción que estás viendo son fundamentales para la resolución administrativa.

Prueba

La práctica de la prueba es la actividad que se lleva a cabo dentro del procedimiento administrativo, para aclarar o probar los hechos que sean objeto de controversia.

La actividad probatoria se da más, en los procedimientos administrativos sancionadores, y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.

Un ejemplo muy clarificador de esto son los procedimientos exigencia de responsabilidad patrimonial a una administración sanitaria, pues la actividad probatoria se dirigirá a demostrar que la atención sanitaria fue negligente.

La ley 39/2015 nos remite a la Ley de enjuiciamiento civil, para que sean utilizados los criterios de valoración de la prueba de esta ley, en el procedimiento administrativo.

Informes

Normalmente los informes son emitidos por otros órganos de la administración, especializados en razón a la materia que se trate en el procedimiento.

Es importante tener en cuenta que estos informes emitidos por otros órganos de la administración, no se consideran actos administrativos, pues no expresan la voluntad del órgano, sino una valoración de unos hechos, o valoración técnica de alguna circunstancia que concurra en el procedimiento.

Por tanto, estos informes no son recurribles al menos en vía administrativa.

Participación de los interesados

Bajo este título la ley 39/2015, incluye la audiencia al interesado y la información pública.

Audiencia al interesado en el procedimiento administrativo

La audiencia al interesado es un trámite obligatorio, salvo en los procedimientos en los que no se hayan tenido en cuenta otros hechos o informes, que los aportados por los interesados.

El momento para realizar este trámite es en cualquier momento anterior a la propuesta resolución y siempre posterior a la terminación de los actos de instrucción.

Este trámite consiste en poner de manifiesto el expediente administrativo, para que este pueda realizar las alegaciones que considere.

Información pública

Este trámite al igual que el de audiencia consiste en poner de manifiesto lo actuado, la diferencia con la audiencia está en que en este las alegaciones y la puesta de manifiesto, está abierta a cualquiera ciudadano que pueda verse afectado en sus intereses por la resolución por parte de la administración.

El trámite de información pública se acuerda de oficio, por el órgano administrativo cuando este considere que puede haber una pluralidad de interesados afectados por la resolución.

No obstante, existen muchos procedimientos en los que su normativa específica, así lo exigen. Es el caso de la declaración de impacto ambiental.

Existen muchas obras públicas o privadas, que necesitan de esta declaración, para que el proyecto pueda salir adelante. Bien en esta declaración, que no es más que un procedimiento administrativo, es obligatorio el trámite de información pública.

Finalización del procedimiento administrativo

Una vez hemos pasado por el inicio y la instrucción del procedimiento, lo que toca es la finalización.

La ley de procedimiento administrativo común, en el artículo 84, nos da las formas de terminación de un procedimiento, y son las siguientes.

Terminación por resolución

La resolución no es más que el acto administrativo, no me voy a detener más en el acto administrativo pues de esto ya escribí en otro artículo.

👉 Si quieres saber más sobre los actos administrativos

Lo importante es saber los requisitos de contenido que debe tener la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo, son estos.

Congruencia de la resolución. Se habla de congruencia de un acto administrativo cuando este es congruente con las pretensiones formuladas por los interesados (lo que piden).

Motivación. No solo debe haber un nexo directo entre las pretensiones y la resolución (congruencia). Además, estas deben estar motivadas en base a medios probatorios, informes o el ordenamiento jurídico (instrucción).

De lo contrario el acto administrativo incurriría en vicio de anulabilidad.

Terminación del procedimiento administrativo por desistimiento y renuncia

Esta es una forma más de terminación del procedimiento. En este caso hay que entender la diferencia entre desistimiento y renuncia.

El desistimiento es una forma de terminación, en la que el solicitante de una pretensión en concreto desiste de su solicitud, pero no renuncia a su derecho.

Ejemplo de esto: Una persona pasea por el centro de su ciudad, en un momento dado tropieza con una alcantarilla que está mal colocada. En el momento por la vergüenza de caerse, por el daño que se ha hecho. Solicita responsabilidad patrimonial al ayuntamiento de su ciudad.

Sin embargo, pasado el tiempo cuando le requieren para aportar informes pruebas y todo lo que conlleva un procedimiento administrativo. Desiste de su solicitud, porque ya no le interesa, o ya no está enfadado o no lo apetece.

En este caso está desistiendo de la solicitud concreta, pero no está renunciando a ejercer posteriormente el mismo derecho en una solicitud posterior.

En la renuncia, por el contrario, el solicitante si renuncia a su solicitud y a su derecho.

Terminación por desistimiento de oficio, por la administración pública

El procedimiento administrativo, puede terminar de oficio por parte de la administración, desistiendo del procedimiento administrativo.

Como ves, en el caso de la administración, esta solo puede desistir, pero nunca renunciar a sus funciones públicas.

Utilizando un paralelismo con un padre con respecto a su hijo.

Un padre puede desistir de imponer un castigo concreto a su hijo, sin embargo, no podrá renunciar, a sus obligaciones que conlleva la patria potestad, entre ellas educar.

La terminación del procedimiento administrativo por renuncia y desistimiento por el interesado

Hay que tener en cuenta varios puntos, en esta forma de terminación del procedimiento. (artículo 94 de la Ley de procedimiento administrativo)

  • Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.
  • Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
  • La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
  • Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.

Terminación del procedimiento por caducidad de este

La caducidad siempre se produce en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, y se debe a la inactividad del interesado o dicho de otra manera. La no realización de trámites por parte del interesado, cuando estos fueran necesarios para la continuación del procedimiento.

Estos trámites como dice la ley de procedimiento deben ser necesarios para que el procedimiento continúe, de no ser necesarios el interesado solamente decae en ese trámite.

Cuando se da esa inacción por parte del interesado, la administración requiere a este para su realización, indicándole que, de no hacerlo en el plazo de tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento.

Por último, como dice la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo, la caducidad no produce la prescripción de la acción (solicitar una vez más una pretensión). Pero los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción.

Ejemplo de esto último. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la administración (solicitar una indemnización a la administración por un hecho, imputable a ella) prescriben al año.

Sí el solicitante del ejemplo anterior (el que se cayó por culpa de una alcantarilla en mal estado) es requerido por la administración y no realiza los tramites en el plazo de tres meses y en consecuencia caduca el procedimiento.

El tiempo que duro el procedimiento de responsabilidad patrimonial nos es computable a efectos de prescripción. Pero su derecho no prescribe podría presentar una nueva solicitud.

Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común

Esta tramitación se da en los procedimientos que no tiene mucha complejidad o cuando se dan razones de interés público para esta tramitación de “urgencia”.

Cuando se acuerda esta tramitación simplificada, el órgano administrativo debe notificarlo a las interesados. Pudiendo estos últimos oponerse a ello, en este caso de oposición a esta tramitación “urgente”. El procedimiento debe seguir los trámites ordinarios.

Esta tramitación simplificada tiene la característica que se debe resolver en un plazo de treinta días, y además tiene únicamente los siguientes trámites, para hacerlo más rápido.

  • Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado.
  • Subsanación de la solicitud presentada, en su caso.
  • Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días.
  • Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado.
  • Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo.
  • Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo.
  • Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver.

Por último, te dejo un…

Esquema del procedimiento administrativo

Esquema del procedimiento administrativo

Esquema resumen del procedimiento administrativo

Lecturas recomendadas:

El procedimiento sancionador

Los recursos Administrativos

Los recursos Administrativos

Conceptos utilizados en este artículo

Hasta aquí el artículo de hoy sobre el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Te veo en el próximo artículo que ya estoy preparando, y te recuerdo que puedes buscarme en Google como Aprende derecho con ius cogens o aprende derecho con Jaime Alarcón

Derechos de las personas ante las administraciones públicas.

Derechos de las personas ante las administraciones públicas.

La ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, enumera una serie de derechos las personas ante las administraciones públicas.

Lo cierto es que me encuentro habitualmente errores conceptuales cuando se aborda este tema. Este error parte de la anterior regulación de la Ley 30/92 de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común. Y en la confusión de conceptos como ciudadanía, interesado en los procedimientos y administrado.

Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas.

La citada Ley 39/2015 regula este derecho en el artículo 13 del título segundo. Y lo hace de esta manera:

Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

En mi opinión utilizar el termino “persona” por parte del legislador me parece adecuado pues incluye a todos los sujetos de derecho independientemente de la nacionalidad, y además tal y como dice Andrea Roselló villa en un artículo en legal today

“Además este nuevo concepto de las personas que introduce el Anteproyecto engloba tanto a el género femenino como masculino y evita tener que escribir la dualidad ciudadano/na.”

Sin embargo se plante un problema con uno de los derechos de este artículo 13 y es el derecho de acceso a la información pública, archivos y registros.

El problema no es otro que la Constitución en su artículo 105. B otorga el derecho de acceso a la información pública y registros a los ciudadanos.

Cito textualmente del artículo:

“ El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.”

Por tanto no todas las personas tienen derecho al acceso a la información pública, pues esta es solamente de los ciudadanos, concepto este que deriva del concepto superior de nacionalidad.

La ciudadanía solo se ostenta por los nacionales de un estado.

Hecha esta introducción vamos a ver el catálogo de derechos.

  • A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

Esto es, a comunicarse electrónicamente con la administración, pero en algunas ocasiones este derecho es también una obligación como es en el caso de:

Las personas jurídicas.

Las entidades sin personalidad jurídica.

Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

  •  A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
  • A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

Matizar que en el caso de un procedimiento administrativo en el que haya más de un interesado y hubiere discrepancias en la lengua a utilizar se utilizará el castellano.

  • Al acceso a la información pública, archivos y registros.
  • A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
  • A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.
  • A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.
  • A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
  • Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

Derechos del interesado en el procedimiento administrativo.

Se encuentran regulados en el artículo 53.1 de la Ley de procedimiento administrativo y son los siguientes:

  • A conocer en cualquier momento el estado de tramitación de los procedimientos.

Es importante aclarar el termino “conocer” pues este es un derecho simplemente informativo incluso no exigiría de firma electrónica por parte de la administración.

  • A conocer el sentido del silencio administrativo en los casos que la administración no haya resuelto en tiempo y forma.
  • A conocer el órgano administrativo competente para la instrucción y resolución del procedimiento administrativo.
  • A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
  • A no presentar documentos originales salvo que la norma reguladora del procedimiento administrativo exija el original en este caso tiene derecho a una copia compulsada o autenticada como se le llama ahora.
  • A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.
  • A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
  • A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
  • A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.
  • A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos.
  • Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

En el caso de los procedimientos administrativos sancionadores tendrán además los siguientes derechos:

  • A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.
  • A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

Todos estos derechos de los interesados en el procedimiento administrativo constituyen una garantía del administrado.

Sobre todo en los derechos de carácter informativo, como lo son los de conocer quien instruye y resuelve, cual es el sentido del silencio administrativo , a obtener información de los requisitos jurídicos de las solicitudes o procedimientos administrativos.

Pues estos derechos adicionales refuerzan el principio jurídico de la ignorancia de las leyes no eximen de su cumplimiento del artículo 6 del Código civil.

Lo refuerza porque al menos en teoría, la administración te facilita toda la información para el correcto cumplimiento de las normas administrativas, actos de trámite, requisitos de forma etc.

Como conclusión:

Todos estos derechos ya se encontraban catalogados y reconocidos en la derogada Ley 30/92 pero actualizados al concepto de administración electrónica.

Las fuentes del Derecho Administrativo.

Las fuentes del Derecho Administrativo.

Este es mi primer artículo así pues os pido que no os echéis encima de mí.

Antes de empezar me presento Mi nombre es Jaime y soy el autor de este blog. Poco a poco iré escribiendo más artículos del temario de las oposiciones a instituciones penitenciarias.

En el artículo de hoy te voy a hablar de las fuentes del derecho administrativo. Voy con ello…

Las fuentes del Derecho Administrativo. El principio de legalidad en la actuación administrativa. La jerarquía de las fuentes.

Me imagino que muchos reducís las fuentes del derecho administrativo a hacer una pirámide normativa, donde arriba esta la constitución leyes orgánicas y ordinarias. Etc.

Efectivamente es así, pero es algo más profundo, cuando lo aplicamos al derecho administrativo.

En el derecho español tradicionalmente se utiliza el artículo uno del Código civil cuando queremos hablar de fuentes del derecho. Esto ha sido una constante desde la entrada en vigor de nuestro citado código.

El derecho ha evolucionado mucho, ten en cuenta que el código civil entre en vigor en el siglo XIX, y vaya las cosas han cambiado mucho y el derecho no es ajeno a esos cambios.

Lo más importante, jurídicamente hablando ya efectos de las fuentes del derecho, ha sido la aprobación de la constitución. Es aquí donde entra en juego el artículo 9 de la citada norma constitucional.

El artículo uno del código civil enumera las fuentes del derecho y son las siguientes:

Fuentes directas

  • La ley

Fuentes indirectas

  • Tratados internacionales no publicados
  • La jurisprudencia
  • Principios generales del derecho

Nota: El código civil no dice cuál de ellas es directa o indirecta, eso lo aclaro yo.

Según esto la ley sería dentro de una jerarquía de fuentes la norma de mayor rango jerárquico. Esto se sabe pues en ese mismo artículo del código civil nos dice:

Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior.

Por lo que este artículo consagra la jerarquía normativa en nuestro derecho y la cúspide de la pirámide normativa sería la ley.

Volvamos a la constitución que como todos sabemos es la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, esto también los se pues no lo dice la constitución:

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Esto está en el artículo 9 de la constitución española y este artículo es fundamental en el estudio de las fuentes del derecho en general y del derecho administrativo en particular. Muy concretamente el apartado 1 y 2 del citado artículo.

Pues vamos a analizar el artículo 9 apartados 1 y 3 de la constitución.

Análisis del artículo 9.1 y 9.3 de la Constitución española

Sujeción a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico

El artículo 9. 1 de la constitución, nos dice:

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Sólo con esta frase te está diciendo a ti y a mí que la primera norma del ordenamiento jurídico es la constitución y no la ley como decía el código civil. Por lo que la constitución dista mucho, sólo con esta frase, de ser un catálogo de principio buenas intenciones y palabras para ser normativa directamente aplicable y sujeción de todos los poderes del estado y los ciudadanos.

Así nos lo dice la sentencia del tribunal constitucional 16/1982.

Principio de legalidad

El artículo 9.3 comienza con esta frase, la constitución garantiza el principio de legalidad – y otros más que veremos más adelante-.

Este artículo ya nos está dando la imperatividad del principio de legalidad, pero además apoyada en la sujeción los ciudadanos y los poderes públicos. Esta legalidad es la constitución (Que se sitúa arriba en la jerarquía de las fuentes normativas) y resto del ordenamiento jurídico. Después vienen las leyes y esto también lo dice la constitución, más adelante, todo a su tiempo.

La sentencia del tribunal constitucional 108/1986, lo dice de una manera más contundente.

Consolidar un Estado de Derecho que asegura el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

El principio de jerarquía normativa

Este principio otorga a cada norma un rango que viene determinada por el poder público del que dimana y en el caso de la potestad reglamentaria, del órgano administrativo que la dicte. Ese rango hace que cada norma se ordene jerárquicamente, determinando que la de rango superior puede derogar o contradecir a las de rango inferiores, pero no al contrario.

La publicidad de las normas

Como requisito necesario para la entrada en vigor y por el medio de publicidad establecido normativamente BOE Boletín oficial de las cortes generales, boletines oficiales de las comunidades autónomas, boletines de las provincias.

El Tribunal constitucional lo expresa de esta manera en la sentencia 179/1989.

La Constitución, en su artículo 9.3, garantiza el principio de la publicidad de las normas. Esta garantía aparece como consecuencia ineluctable de la proclamación de España como un Estado de derecho, y se encuentra en íntima relación con el principio de seguridad jurídica consagrado en el mismo articulo  9.3 C.E., pues sólo podrán asegurarse las posiciones jurídicas de los ciudadanos, la posibilidad de éstos de ejercer y defender sus derechos, y la efectiva sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos al ordenamiento jurídico, si los destinatarios de las normas tienen una efectiva oportunidad de conocerlas en cuanto tales normas, mediante un instrumento de difusión general que dé fe de su existencia y contenido, por lo que resultarán evidentemente contrarias al principio de publicidad aquellas normas que fueran de imposible o muy difícil conocimiento

La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Las disposiciones sancionadoras van desde una condena prisión hasta una multa de tráfico.

También se incluye la irretroactividad de las disposiciones no sancionadoras. Pero restrictivas de derechos. Por ejemplo, un nuevo estatuto de los trabajadores, que establece una indemnización por contrato indefinido menor. Pues a los que les ha cogido la reforma con un contrato en vigor y por tanto una indemnización mayor, pues no se le aplica.

La seguridad jurídica

Es la percepción que tiene un ciudadano, que las normas jurídicas se van a aplicar conforme a la jerarquía de fuentes y vigencia, procedimientos legalmente establecidos y con todas las garantías. Resumiendo, es todo lo anterior resumido en dos palabras seguridad jurídica.

La responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos

La responsabilidad de los poderes públicos es que asumen los daños causados a los ciudadanos por sus actuaciones. Igual que nosotros (los ciudadanos) tenemos una responsabilidad civil por los daños causados a otros ya sean personas físicas o jurídicas. Los poderes públicos asumen la responsabilidad patrimonial.

Enumeración de las fuentes del derecho administrativo

Nota: Por orden jerárquico.

Fuentes directas

  1. La constitución
  2. Tratados internacionales publicados en el BOE
  3. Leyes orgánicas
  4. Leyes ordinarias. Entre las que se encuentran:
  5. Leyes de Pleno.
  6. Leyes de Comisión
  7. Legislación básica o Leyes Básicas
  8. Leyes Marco
  9. Leyes de Bases
  10. Leyes de Presupuestos del Estado

Actos normativos con fuerza de ley, entre los que se encuentran:

  1. Decretos leyes
  2. Decretos legislativos
  3. Normas reglamentarias

Se caracterizan por que emanan de un órgano de gobierno u administrativo, es decir no emanan directamente de un órgano en el que resida la soberanía nacional, se pueden clasificar en:

Por el órgano del que emanan   

  1.  Estatales           
  2.  Autonómicos   
  3.  Locales                                                                                                        

Por sus efectos     

  1. Jurídicos   
  2. Administrativos                          
  3. Por su relación con la ley  
  4. Ejecutivos      
  5. Independientes 

De necesidad

Nota: las leyes ordinarias jerárquicamente están en un mismo plano, pero si diferencian por el principio de especialización, pues las ordinarias no pueden entrar a regular materias reservadas a las leyes orgánicas. Como por ejemplo en materia de derechos fundamentales

Fuentes indirectas

  1. Principios generales del derecho
  2. Jurisprudencia
  3. Tratados internacionales no publicados en el BOE

Clasificación de las fuentes del derecho administrativo

FUENTES DIRECTAS

  1. Primarias
  2. La Constitución
  3. Ordenamiento comunitario
  4. Estatutos de AutonomíaLeyes Orgánicas
  5. Leyes ordinarias del Estado y de las Comunidades AutónomasDecretosleyes y Decretos legislativos
  6. Reales Decretos y Decretos autonómicos
  7. Órdenes de las Comisiones Delegadas del Gobierno
  8. Órdenes Ministeriales
  9. Disposiciones de Autoridades inferiores

Secundarias

  1. Costumbre
  2. Principios Generales del Derecho

FUENTES INDIRECTAS

  1. Tratados Internacionales
  2. Jurisprudencia

Conceptos utilizados en este artículo