Esta semana resuelvo el supuesto, número 4, de fecha de 23 de febrero de 2020, de las oposiciones a Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

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El enunciado dice así:

El día 13 de junio de 2019, Rubén H.Z. ingresa en el Centro Penitenciario de Córdoba tras haberle revocado la suspensión de una pena privativa de libertad de 23 meses y 29 días por conducción temeraria, que se encontraba condicionada a participar en un programa formativo de seguridad vial, recibiéndose al día siguiente el testimonio de sentencia y liquidación de condena. En sesión ordinaria de 14 de agosto de 2019 la Junta de tratamiento acuerda por unanimidad la clasificación inicial de Rubén H.Z. en segundo grado de tratamiento, remitiendo este acuerdo al Centro directivo, a los diez días siguientes, para su resolución.

El día 9 de septiembre de 2019, durante un registro en su celda, los Funcionarios observan que Rubén H.Z. ha usado la sábana de la cama como cortina de baño y que la misma está rota. Por este motivo, la Directora le incoa expediente disciplinario. El 13 de septiembre de 2019 se produce una pelea en el patio del módulo en el que varios internos resultan lesionados, sin conseguir los Funcionarios identificar a los autores de los hechos. Días después, varios internos perfectamente identificados escriben, en sobre cerrado, a la Directora comunicándole pormenorizadamente que los hechos ocurridos el 13 de septiembre han sido protagonizados por Rubén H.Z., por lo que la Directora inicia un nuevo expediente disciplinario a este interno.

El funcionario R.P.T. de V-2, nombrado instructor por la Directora, notifica a Rubén H.Z. el pliego de cargos de ambos expedientes disciplinarios, que califica de falta leve 110 e) del Real Decreto 1201/1981 con propuesta de 3 días de privación de paseos y otros actos recreativos comunes por el primero de los hechos, a una falta grave del Artículo 109 c) del Real Decreto 1201/1981 proponiendo 5 días de privación de paseos y actos recreativos comunes, además de indicarle que dispone de 3 días hábiles para presentar pliego de descargos desde la recepción del pliego de cargos. El día 9 de octubre del 2019 la Directora sanciona a Rubén H.Z. por el primero de los hechos y el mismo día, en sesión ordinaria la Comisión disciplinaria sanciona a Rubén H.Z. por el segundo de los hechos. El día 11 de octubre de 2019, son notificadas ambas sanciones a Rubén H.Z., manifestando, en ese momento, su deseo de no recurrir comenzando a cumplirlas inmediatamente.

La Junta de tratamiento en sesión ordinaria de 15 de noviembre de 2019 revisa al grado de tratamiento de Rubén H.Z. decidiendo por unanimidad su continuidad en segundo grado. Una vez notificado el acuerdo, éste solicita la aplicación del artículo 105.2 del Reglamento penitenciario para su posterior remisión al Centro directivo. El día 19 de noviembre de 2019, Rubén H.Z. recibe resolución de la Directora del Centro Penitenciario comunicándole su continuidad en segundo grado. Ante esta decisión, Rubén H.Z. interpone recurso al Juez de vigilancia penitenciaria, resolviendo éste el día 22 de noviembre de 2019, la progresión de Rubén H.Z. a tercer grado de tratamiento, pasando a la sección abierta de la que dispone el Centro.

El día 3 de febrero del 2020 la Junta de tratamiento se reúne en sesión extraordinaria para seleccionar a seis internos que van a participar en una salida programada cultural a la Mezquita, de 4 horas de duración, entre los que se encuentra Rubén H.Z. Para este interno, la aprobación de la salida es realizada por la Directora del Centro Penitenciario.

Primera pregunta

¿Es correcta la remisión del acuerdo de clasificación inicial de la Junta de tratamiento al Centro directivo?:

a) No, de acuerdo a la Orden INT/1127/2010 de delegación de competencias, la resolución debe adoptarla la Directora del Centro Penitenciario al tratarse de una condena inferior a dos años y haberse adoptado por unanimidad.

b) No, de acuerdo a la Orden INT/1127/2010 de delegación de competencias, el acuerdo de la Junta de tratamiento tiene carácter de resolución al tratarse de una condena inferior a dos años y haberse adoptado por unanimidad.

c) Sí, es correcta la remisión al Centro directivo, pero deberá haberse cursado en los cinco días siguientes a su adopción de acuerdo al artículo 273 del Reglamento penitenciario

d) Sí. Es correcta la remisión al Centro directivo y, también, el plazo en el que se cursa.

La pregunta trata sobre la procedencia de la remisión al centro directivo del acuerdo de clasificación inicial. Para ello, recabamos los datos necesarios de Rubén H.Z., dados en el enunciado:

  • El día 13 de junio de 2019, ingresa en prisión, recibiéndose el día 14 del mismo mes y año el testimonio de sentencia y liquidación de condena. La pena impuesta es de 23 meses y 29 días.
  • El día 14 de agosto de 2019, la junta de tratamiento acuerda por unanimidad la clasificación inicial en segundo grado de tratamiento. Remitiéndose el acuerdo al centro directivo, a los 10 días siguientes para su resolución.

Vamos a analizar ahora, las distintas opciones dadas:

La opción A: Dice que, no es correcta la remisión, dado que el órgano competente para adoptar la remisión es la directora por tratarse de una condena inferior a dos años y haberse adoptado por unanimidad.

En este sentido, y según la Orden INT/985/2005 modificada por la Orden INT/1127/2010 de delegación de competencias en el Ministerio del Interior: Los directores de los centros penitenciarios, por delegación de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, tienen competencia para “acordar la clasificación inicial en segundo grado de tratamiento de los penados con condena superior a cinco años, siempre que el acuerdo de la Junta de Tratamiento se haya adoptado por unanimidad”, siempre que no se trate de internos vinculados a organizaciones terroristas o internos cuyos delitos no se hayan cometido en el seno de organizaciones criminales.

En este caso, hay acuerdo por unanimidad, pero no hay condena superior a 5 años, por lo que queda fuera del ámbito competencial de la dirección. Damos, por tanto, esta respuesta por incorrecta.

La opción B: Dice que, según la Orden INT/1127/2010, el acuerdo de la junta de tratamiento tiene la consideración de clasificación inicial al tratarse de una condena inferior a 2 años y haberse adoptado por unanimidad.

Ni la Orden INT/1127/2010, dice eso. Ni la afirmación expresada es cierta. De hecho, la única afirmación en ese sentido, la encontramos en el artículo 103.7 del RP que dice: “Cuando se trate de penados con condenas de hasta un año, la propuesta de clasificación inicial formulada por la Junta de Tratamiento, adoptada por acuerdo unánime de sus miembros, tendrá la consideración de resolución de clasificación inicial (…), salvo cuando se haya propuesto la clasificación en primer grado de tratamiento (…)”.

En este sentido, y dado que, la condena de Rubén H.Z. es de 23 meses y 29 días, quedaría fuera de este supuesto de hecho, no siendo posible que la propuesta de clasificación de la junta de tratamiento tenga la consideración de clasificación inicial. Damos, por tanto, esta respuesta por incorrecta.

La opción C: Dice que, sí es correcta la remisión al centro directivo pero deberá haberse cursado en los cinco días siguientes a su adopción, de acuerdo al artículo 273 del RP.

Respecto de la procedencia de la remisión del acuerdo de clasificación al centro directivo, lo veremos en la siguiente pregunta. Vamos a centrarnos en los 5 días que menciona el supuesto. En este sentido, para dar credibilidad, la opción C, menciona al artículo 273 del RP. Sin embargo, no es este artículo el que hace mención de esos 5 días da como plazo el supuesto, sino el 272.5 del RP, que dice Dentro de los cinco primeros días de cada mes se remitirá al Centro Directivo una copia de las actas de las sesiones celebradas en el mes anterior por la Junta de Tratamiento”. No son, por tanto, los acuerdos, los que se remiten, sino la copia de las actas. En todo caso, las afirmaciones que contiene esta respuesta son incorrectas.

La opción D: Dice que, tanto la remisión del acuerdo al centro directivo, como del plazo en el que se cursa es correcto.

Conviene hacer un matiz, cuando hablamos de acuerdos, nos estamos refiriendo a la forma que adoptan los actos administrativos de los órganos colegiados. De este modo, un acuerdo de una junta de tratamiento puede contener una propuesta de clasificación inicial, una resolución de clasificación inicial o la designación de un interno en un servicio auxiliar, etc. Por el contrario, la resolución es el acto administrativo en sí. De este modo, la resolución de clasificación es el acto administrativo por el que se clasifica a un interno a un determinado grado de tratamiento. Es decir, es la clasificación en sí, o la finalización del procedimiento, si se quiere decir de este modo.

En el caso que nos ocupa, la junta de tratamiento, ha adoptado un acuerdo de clasificación inicial que puede estar referido, bien a la propuesta inicial, bien a la resolución de clasificación inicial.

Sin embargo, como se ha dicho, la junta de tratamiento no puede resolver la clasificación inicial de Rubén H.Z. No puede, porque su condena excede del año que marca como máximo el artículo 103.7 del RP, por lo que lo lógico es que, lo remita al centro directivo como propuesta de clasificación. De hecho, esto es lo que se ha remitido: La propuesta. Más si cabe, cuando es el propio enunciado, el que dice que, el acuerdo de la junta de tratamiento, “se remite al Centro directivo, a los diez días siguientes, para su resolución”.

Respecto del plazo dado para la remisión de la propuesta de clasificación inicial (o acuerdo de propuesta de clasificación inicial, si se quiere mejor así), el artículo 273.2 letra D del RP, dice que la junta de tratamiento tiene, entre otras, la siguiente función: formular, (…), las propuestas razonadas de grado inicial de clasificación y de destino al Establecimiento que corresponda, que se cursarán al Centro Directivo en el plazo de diez días”.

Por tanto, la respuesta correcta es la D.

Segunda pregunta

En relación al primero de los expedientes disciplinarios de fecha 9 de septiembre de 2019:

a) El parte del Jefe de Servicios es el que debe operar como pliego de cargos, no pudiendo ser instructor del expediente disciplinario el funcionario R.P.T. de V-2

b) Rubén H.Z. dispone de 15 días hábiles para alegar lo que considere conveniente y proponer medios de prueba, practicándose las mismas en este plazo y no de tres días hábiles para realizar pliego de descargo como refiere el supuesto

c) El expediente disciplinario se entiende caducado por haber transcurrido el plazo máximo desde la iniciación del procedimiento disciplinario y haberse dictado el acuerdo fuera de este plazo.

d) La notificación del acuerdo sancionador a Rubén H.Z. debería haberse cursado el día 9 o 10 de octubre de 2019.

Según expresa el enunciado, a Rubén H.Z., se le ha incoado expediente disciplinario por usar las sabanas de la cama, como cortina de baño.

Veamos las opciones propuestas:

La opción A: Dice que, el parte del jefe de servicios debe de operar como pliego de cargos, y además, el funcionario de V-2, no puede ser instructor.

En este caso, los hechos que se le imputan, constituyen una infracción leve del artículo 110 letra D del RP 81 (hacer uso abusivo y perjudicial de objetos no prohibidos por las normas de régimen interior). Dado que, de un objeto no prohibido -como es la sabana-, se confecciona unas cortinas de baño. Tenga en cuenta que, por lo general en ciertos módulos, las cortinas de las ventanas de las celdas, están prohibidas. Pero esto es otra cuestión, pues el enunciado del supuesto, lo califica como infracción leve del artículo 110 letra E del RP 81 (causar daños graves en las dependencias, materiales o efectos del establecimiento o en las pertenencias de otras personas por falta de diligencia o cuidado).

En cualquier caso, nos da igual que la calificación sea una letra u otra, las dos son faltas leves, y esto es lo que nos interesa. Únicamente quería hacer una precisión en cuanto a la calificación de los hechos.

Entonces, como falta leve que es, y según el artículo 251.1 del RP se tramitará el procedimiento abreviado”, siendo que “(…) el parte del funcionario, que operará como pliego de cargos, se comunicará al Jefe de Servicios”. Por tanto, sin ser totalmente, incorrecta la primera parte de la afirmación contenida en la opción A, sí que es parcialmente incorrecta. Dado que, no tiene que ser el parte del jefe de servicios el que opere como pliego de cargos, sino el de los funcionarios que realizaron el registro de la celda.

Respecto al hecho que no pueda ser instructor el funcionario de V-2, no es una afirmación que debamos aceptar como correcta, en este caso. En primer lugar, porque, el artículo 242.1 del RP, excluye a los funcionarios que pueden ser nombrados como instructor, a los que “hayan practicado la información previa y a los que puedan estar implicados en los hechos”. Objetivamente, según se desprende del enunciado, ni este funcionario está implicado, ni ha practicado ninguna información previa. Pero es que, además, y respetando los anteriores limites, el mismo artículo citado en este párrafo que está leyendo, otorga competencias al director para que nombre instructor al funcionario que estime conveniente.

Por tanto, esta opción, que estamos considerando, es completamente incorrecta.

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La opción B: Dice que, el inculpado (Rubén), dispone de 15 días hábiles para alegar y no de tres días hábiles para realizar pliego de descargo como refiere el supuesto.

Ni uno, ni otro plazo. Al tramitarse por el procedimiento abreviado, el plazo para formular alegaciones es de 10 días, como indica el artículo 251.1 letra B del RP. Pero, además, en el abreviado, no hay pliego de descargos propiamente dicho, sino plazo de alegaciones. Por tanto, esta opción es incorrecta.

La opción C: Dice que, el procedimiento ha caducado, por haberse dictado la resolución fuera de plazo.

Respecto de la caducidad, el artículo 246.2 del RP, dice que «se entenderán caducados y se procederá al archivo de las actuaciones, (…), cuando, una vez vencido el plazo señalado para dictar resolución (que en el caso del abreviado es de 1 mes -art-251.1 RP-), ésta no se adoptase en el plazo de los treinta días siguientes, siempre que la demora no fuera imputable al interesado, (…)”.

Suponiendo que, el acuerdo de incoación se hubiere acordado por la directora el día 9 de septiembre (el enunciado no lo dice), y tomándolo como fecha de referencia, la resolución debería de haberse dictado el 9 de octubre, dado que este es el plazo máximo para resolver en el abreviado. Así ha sido, y aunque, la incoación se hubiere hecho algunos días después, y no el mismo día de los hechos, aun habría 30 días más de margen, tal y como indica el artículo arriba citado. Por tanto, esta opción es incorrecta.

La opción D: Dice que. La notificación del acuerdo, debería haberse cursado el día 9 o 10 de octubre de 2019.

Esta afirmación es correcta. Hay que tener en cuenta que, según el artículo 248 del RP, “la notificación del acuerdo sancionador deberá cursarse en el mismo día o al siguiente de ser adoptado”. Sabiendo que, el acuerdo se adoptó el día 9 de octubre, la notificación debiera haberse producido el mismo día 9 o el 10.

Por tanto, la respuesta correcta es la D.

Tercera pregunta

En relación al segundo de los expedientes disciplinarios de fecha 13 de septiembre de 2019:

a) No es correcta la apertura del expediente disciplinario a Rubén H.Z por los hechos del día 13 de septiembre de 2019 al no haber sido identificados el/los autor/es los Funcionarios del Módulo

b) Rubén H.Z dispone de 5 días hábiles para formular pliego de descargos y no de tres días hábiles para realizar pliego de descargo como refiere el supuesto

c) El procedimiento disciplinario se entiende caducado por haber transcurrido el plazo máximo desde la iniciación del procedimiento disciplinario y haberse dictado el acuerdo de la Comisión disciplinaria fuera de este plazo.

d) La notificación del acuerdo sancionador a Rubén H.Z. debería haberse cursado el día 9 o 10 de octubre de 2019.

El segundo de los expedientes, va referido a una pelea que se produjo en el patio, en la que no se pudo identificar a los implicados por los funcionarios. Identificación que, sin embargo, fue hecha por escrito por unos internos con identificación de los firmantes del mismo. En el mismo, se delataba a Rubén.

Veamos ahora las diferentes opciones propuestas:

La opción A: Dice que, la apertura de expediente a Rubén no es correcta al no haberse identificado, por los funcionarios, a los autores.

El artículo 251.1 letra C del RP, señala como forma de inicio del procedimiento disciplinario, la denuncia. Siempre que sea por escrito y por persona identificada. Como es el caso que nos ocupa. En el que, los internos por escrito e identificados formularon denuncia, señalando al responsable de los hechos. Eso sí, en estos casos de denuncia por parte de interno, se requiere la apertura de la apertura de una información previa para el esclarecimiento de los hechos. No vaya a ser que, la denuncia sea falsa. Pero esto ya es otra cuestión, lo que nos ocupa es que, en este caso, es correcta la apertura de procedimiento contra Rubén. Por tanto, esta opción A la descartamos como correcta.

La opción B: Dice que, Rubén H.Z dispone de 5 días hábiles para formular pliego de descargos y no tres días hábiles.

Esta afirmación, es del todo incorrecta. Al tratarse de una falta grave, según reza el enunciado del supuesto, del 109 letra C del RP 81. El procedimiento que procede tramitar es el disciplinario ordinario (yo lo llamo ordinario, en contraposición al abreviado). Siendo que, en este, el plazo para la formulación del pliego de descargos de 3 días hábiles (art-242 letra H RP).

Cabe destacar, como curiosidad, que el que redacto el supuesto no estuvo muy acertado con la tipificación de las infracciones, pues la pelea, que Rubén, protagonizó en el patio la califica como falta grave de “instigación a otros reclusos a motines, plantes o desórdenes colectivos, sin conseguir ser secundados por éstos” del 109.C RP 81. Cuando hubiera sido más adecuado calificarlo como falta muy grave del 108 letra B del RP 81. En cualquier caso, la tipificación no altera, en este caso, la resolución del supuesto.

La opción C: Dice que, el procedimiento disciplinario debe entenderse caducado por haber transcurrido el plazo máximo desde la iniciación del procedimiento disciplinario y haberse dictado el acuerdo de la Comisión disciplinaria.

Respecto de esta pregunta, nos remitimos a lo explicado en la anterior. No siendo correcta la afirmación de la caducidad del expediente.

La opción D: Dice que, la notificación del acuerdo sancionador a Rubén H.Z. debería haberse cursado el día 9 o 10 de octubre.

Tal y como indicamos en la pregunta anterior, el artículo 248 del RP, dispone que “la notificación del acuerdo sancionador deberá cursarse en el mismo día o al siguiente de ser adoptado”. Sabiendo que, el acuerdo se adoptó el día 9 de octubre, la notificación debiera haberse producido el mismo día 9 o el 10.

Por tanto, la respuesta correcta es la D.

Cuarta pregunta

De acuerdo a la revisión de grado del Artículo 105.2 del Reglamento penitenciario, ¿Es correcta la resolución emitida por la Directora del Centro Penitenciario de Córdoba?:

a) No, el órgano competente para resolver la solicitud de Rubén H.Z. es el Centro directivo

b) No, esta revisión de grado es competencia del Centro directivo aunque para poder solicitarla es necesario que se haya reiterado por segunda vez la clasificación en segundo grado y haya alcanzado la mitad del cumplimiento de condena

c) Sí, la Directora del Centro Penitenciario de Córdoba tiene delegada esta competencia al haberse acordado su continuidad en segundo grado de manera unánime por la Junta de tratamiento y tener sanciones sin cancelar

d) No, el acuerdo de la Junta de tratamiento tendrá la consideración de resolución en virtud de la orden INT/1127/2010 de delegación de competencias

Según consta en el enunciado, la junta de tratamiento, decidió por unanimidad el mantenimiento de Rubén en segundo grado de tratamiento. Ante lo cual, el recluso, solicitó la aplicación del artículo 105.2 del RP. Este artículo, posibilita que, ante un mantenimiento de grado, el interno pueda solicitar la remisión del informe de la junta de tratamiento al Centro Directivo para que resuelva lo procedente sobre el mantenimiento o el cambio de grado.

Sin embargo, a pesar de que la competencia para resolver según consta del artículo 105.2 del RP, es del centro directivo. La directora resolvió hurtando las competencias del citado órgano directivo.

Por tanto, la respuesta correcta es la A.

Quinta pregunta

Con relación a la salida programada de Rubén H.Z. tendría competencia para autorizarla:

a) El Juez de vigilancia penitenciaria

b) La Directora del Centro Penitenciario

c) El Centro directivo

d) La Junta de tratamiento

Respecto de la competencia para autorizar la salida programada de Rubén a la mezquita de 4 horas de duración. Hay que hacer notar el hecho de que, el interno, fue progresado a tercer grado por orden del juez de vigilancia penitenciaria, en contestación a un recurso presentado por el mencionado Rubén.

En este sentido, tomando la afirmación del artículo 114.2 del RP que atribuye la competencia para proponer las salidas programadas a la junta de tratamiento, su resolución al centro directivo y autorización del juez de vigilancia penitenciaria en los casos que proceda. Y teniendo en cuenta, además, que según consta en la Orden INT 985/2005 modificada por la Orden INT 1127/2010, la competencia, por delegación del Director General de Ejecución Penal y reinserción Social, para aprobar las salidas programadas a los penados clasificados en tercer grado, es del director. Siempre que, no se trate de internos vinculados a organizaciones terroristas o internos cuyos delitos se hayan cometido en el seno de organizaciones criminales.

Por tanto, la respuesta correcta es la B.

Hasta aquí el supuesto de esta semana. Que tengáis, una provechosa semana de estudio. Ánimo, falta menos.

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Jaime de Alarcón

Licenciado en derecho. Master en MBA. Autor de manuales para la preparación de oposiciones a ayudante de IIPP. Autor del Blog Ius cogens. Funcionario de carrera de IIPP. Mail: jaime.alarcon@ius-cogens.com

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