Supuesto oficial número 4 año 2021. Oposiciones Ayudantes de IIPP

Esta semana comento el supuesto oficial, numero 4 celebrado en diciembre de 2021, de las oposiciones a Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

El supuesto trata de un sujeto condenado por un delito de tráfico de drogas a una pena de 3 años de prisión. La cual, ha sido suspendida a condición del sometimiento a un tratamiento de deshabituación. Posteriormente, recae en su consumo, y comete un delito de robo, ingresando en prisión por ello.

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Esto es en esencia la historia que vas a leer a continuación. No hay más. Es la columna vertebral, sobre la que deberás ir armando las distintas preguntas que se te van a formular. Únicamente, consiste en formar la historia en tu mente, leer las preguntas, y recoger los datos adicionales que necesites del enunciado. Por supuesto, nada de esto sirve, si antes, no tienes un conocimiento solido del temario. Muy sólido.

El enunciado es el siguiente:

S.R.V., mayor de edad, con antecedentes penales y domicilio en Torrelavega (Cantabria), es condenado por la Audiencia Provincial de Santander en ejecutoria 12/2021, por un delito de tráfico de sustancias estupefacientes que causa grave daño a la salud, previsto y penados en el artículo 368 del Código penal, concurriendo la circunstancia atenuante del artículo 21.2, a las penas de 3 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 5.400 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 54 días en caso de impago y al pago de las costas procesales causadas.

Por auto del citado órgano judicial se le concede la suspensión de la pena de prisión durante el plazo de 5 años, condicionada a que no vuelva a delinquir durante dicho plazo, y continúe al tratamiento de deshabituación ya iniciado en la Unidad de Atención al drogodependiente de Torrelavega, sin que pueda abandonarlo hasta su finalización.

La Audiencia Provincial remite oficio al Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Santander, a fin de que se realicen las gestiones necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la condición de tratamiento que le ha sido impuesta al penado, así como para que se haga cargo de su seguimiento y control, debiendo remitir un informe semestral sobre su cumplimiento y evolución al órgano jurisdiccional.

A los 5 meses de iniciado el tratamiento, S.R.V. sufre una recaída y comete un delito de robo con intimidación en las personas, siendo detenido e ingresado en el Centro Penitenciario del Dueso en calidad de preso.

Primera pregunta

¿Es ajustada a derecho la suspensión de la pena privativa de libertad teniendo en cuenta que S.R.V. tiene antecedentes penales y está condenado a 3 años de prisión?:

a) No, el Artículo 80.2.1ª del Código penal exige como condición imprescindible que el condenado haya delinquido por primera vez

b) No, el Artículo 80.2.1ª del Código penal exige como condición imprescindible que la pena o suma de las penas impuestas sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la pena de multa

c) Sí, la pena no es superior a cinco años de prisión y el penado se encuentra sometido a tratamiento de deshabituación

d) Sí; el Artículo 80 del Código penal otorga a los órganos jurisdiccionales total discrecionalidad para acordar la suspensión de las penas privativas de libertad

Bien. En principio, el instituto de la suspensión de las penas privativas de libertad, tal y como lo configura el artículo 80.1 del CP, está pensado para penados que cumplan las siguientes condiciones:

  1. Que el condenado haya delinquido por primera vez, sin tener en cuenta las condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo. Ni los que, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros.
  2. Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años.
  3. Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles, y se haya hecho efectivo el decomiso acordado.

Lo que ocurre es que, S.R.V., protagonista del supuesto, es drogodependiente que se encontraba en tratamiento de deshabituación antes de cometer del delito por el que fue condenado.

En este sentido, el artículo 80.5 permite que, se pueda acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a cinco años de los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su drogadicción. Pero para que esto, sea posible se debe de certificar suficientemente, por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado, que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión.

Por tanto, la respuesta correcta es la C.

Segunda pregunta

¿Cómo procederá el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas una vez elaborado el plan individual de Intervención y seguimiento?:

a) Lo comunicará para su conocimiento al Juez de vigilancia penitenciaria, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad

b) Lo comunicará para su aprobación al órgano jurisdiccional competente para la ejecución

c) Lo comunicará para su aprobación al Juez de vigilancia penitenciaria

d) Lo comunicará para su conocimiento al órgano jurisdiccional competente para la ejecución, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad

Para responder a esta pregunta, tenemos que ir al artículo 15.1 del RD 840/2011. Este artículo, nos dice que, “una vez recibida en los servicios de gestión de penas y medidas alternativas la resolución judicial, (…), elaborarán el plan individual de intervención y seguimiento, que se comunicará para su conocimiento al órgano jurisdiccional competente para la ejecución sin perjuicio de su inmediata ejecutividad”.

Según esto, la respuesta correcta, sería la D. Pero ¿Por qué, no sería la A? Pues porque esa opción, dice que se comunicará al juez de vigilancia penitenciaria. Siendo esta la incorrección, dado que el control de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, corre a cargo del juez o tribunal de ejecución, no de vigilancia penitenciaria.

Por tanto, la respuesta correcta es la D.

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Tercera pregunta

¿Cuándo deberá informar el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas al órgano judicial sobre la recaída durante el tratamiento, la comisión del nuevo delito y el ingreso en prisión?:

a) A los 6 meses de iniciado el plan individual de intervención y seguimiento, tal y como ordenó la Audiencia Provincial

b) Los informes se remitirán trimestralmente, tal y como establece el Artículo 83.4 del Código penal

c) Informará inmediatamente al órgano judicial al tratarse de circunstancias relevantes

d) No será necesario informar al órgano jurisdiccional hasta la conclusión del tratamiento, pues no se entenderán como abandono las recaídas si éstas no evidencian un abandono definitivo del tratamiento de deshabituación

Respecto al modo de proceder de los SGP y MA, ante la comisión del nuevo delito, y la recaída en el tratamiento de S.R.V:

  • Por lo general, el artículo 83.4 del CP, prevé que en el caso de programas de desintoxicación los SGP y MA, informen cada 6 meses. Pero no dice nada, acerca de la comisión del nuevo delito.
  • Sin embargo, el segundo párrafo del citado artículo 83.4 sí que encomienda a estos SGP y MA, para que informen “inmediatamente de cualquier circunstancia relevante para valorar la peligrosidad del penado y la posibilidad de comisión futura de nuevos delitos, así como de los incumplimientos de la obligación impuesta o de su cumplimiento efectivo”. Por lo que, podemos incluir, en este apartado, tanto la obligación de comunicar de modo inmediato, tanto la recaída, como el nuevo delito que ha cometido.

Por tanto, la respuesta correcta es la C.

Cuarta pregunta

Señale la respuesta incorrecta. ¿Qué consecuencias tiene la recaída durante el tratamiento, la comisión de un nuevo delito y el ingreso en prisión, sobre la pena privativa de libertad suspendida?:

a) La Audiencia Provincial deberá revocar la suspensión de modo inmediato por la comisión del nuevo delito y ordenar la ejecución de la pena de prisión

b) Si la Audiencia Provincial informa sobre la no procedencia de la revocación, el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas elaborará un nuevo plan individual de intervención y seguimiento en el programa de deshabituación en el Centro Penitenciario

c) Si S.R.V. fuese condenado por el nuevo delito cometido, la Audiencia Provincial deberá valorar si la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspender la condena puede o no ser mantenida, a efectos de revocar o no la suspensión

d) La Audiencia Provincial revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena de prisión si considera que el incumplimiento de las condiciones impuestas ha sido grave

Con la regulación anterior, la comisión de un delito acarreaba automáticamente la revocación de la condena y la ejecución de la misma. Ahora no. Desde la reforma del CP del 2015, los motivos de revocación son los siguientes que expone el artículo 86.1 del CP:

  1. “Que sea condenado por un delito cometido durante el período de suspensión y ello ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida”. Sin embargo, en el enunciado del supuesto, no dice en ningún momento que haya sido condenado, sino que ha cometido un nuevo delito que le ha llevado a prisión, en calidad de preso, es decir, en prisión provisional. Pero, no hay condena. No veo, que cumpla esta condición.
  2. “Incumpla de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes que le hubieran sido impuestos”. Lo que nos puede llevar a incluir en este supuesto, la recaída en el tratamiento. Sin embargo, no hay que obviar el hecho que, el párrafo tercero del artículo 80.5 del CP, dice que “No se entenderán abandono las recaídas en el tratamiento si estas no evidencian un abandono definitivo del tratamiento de deshabituación”. En este sentido, tampoco veo que se dé esta condición para revocar la suspensión de la ejecución. Porque, el supuesto no expresa en ningún momento la evidencia del abandono definitivo del tratamiento de S.R.V. Solo informa de una recaída, y la consabida comisión delictiva en el periodo de suspensión.
  3. “Que Incumpla de forma grave o reiterada las condiciones que, para la suspensión, hubieran sido impuestas”. De manera residual, podríamos considerar que, la audiencia provincial que condeno a S.R.V, y luego se la suspendió, considere que la recaída y el nuevo delito (que no condena), sea un incumplimiento grave. Eso está sujeto a valoración del tribunal, y en este sentido, esta sería respuesta correcta.

Conociendo la regulación de la institución de la revocación de la suspensión de la ejecución. Vamos a buscar, cuál de las afirmaciones propuestas es la incorrecta:

  • La opción A: Dice que, “la Audiencia Provincial deberá revocar la suspensión de modo inmediato por la comisión del nuevo delito y ordenar la ejecución de la pena de prisión”. Y esto, sabemos que es falso. Se revoca cuando es condenado durante el periodo de suspensión. Pero, no ha sido así. Ha cometido un robo con violencia y le impuesto una medida cautelar de prisión provisional por ello. Pero no ha sido condenado. Parece esta la opción incorrecta, pero sigamos adelante con las demás.
  • La opción B: Dice que, “si la Audiencia Provincial informa sobre la no procedencia de la revocación, el SGP y MA elaborará un nuevo plan individual de intervención y seguimiento en el programa de deshabituación en el Centro Penitenciario”. Esta afirmación es correcta. Pues así, se desprende del artículo 15 del RD 840/2011, que dice que “Recibida la resolución o mandamiento judicial que determine las condiciones de cumplimiento de la suspensión (lo que incluye a las modificaciones de las condiciones), los SGP y MA, (…) elaborarán el plan individual de intervención y seguimiento”. Por tanto, esta afirmación es correcta.
  • La opción C: Dice que, “Si S.R.V. fuese condenado por el nuevo delito cometido, la Audiencia Provincial deberá valorar si la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspender la condena puede o no ser mantenida, a efectos de revocar o no la suspensión”. Efectivamente, como hemos visto anteriormente, el artículo 86.1 letra a), dice que la condena por un delito cometido, durante el periodo de suspensión, es motivo de revocación, siempre que se ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida. Por tanto, esta afirmación es correcta.
  • La opción D: Dice que, “la Audiencia Provincial revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena de prisión si considera que el incumplimiento de las condiciones impuestas ha sido grave”. Es cierta esta afirmación, tal y como hemos comprobado anteriormente. Dado que la recaída, no se sabe si supone abandono del tratamiento, ni ha sido condenado, pero si son incumplimientos, deberá ser la audiencia la que califique a los mismos como graves. Por tanto, esta opción es correcta.

Por tanto, la respuesta correcta es la A, por ser esta la afirmación incorrecta, como se pide en la pregunta.

Quinta pregunta

Señale la respuesta incorrecta. Si S.R.V. no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta:

a) Quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas

b) Podría cumplir la responsabilidad personal subsidiaria mediante localización permanente

c) Tendría que cumplir 54 días de responsabilidad personal subsidiaria, por haberlo dispuesto así la Audiencia Provincial

d) Podría cumplir la responsabilidad personal subsidiaria mediante trabajos en beneficio de la comunidad si la Audiencia Provincial así lo acuerda, previa conformidad del penado

Esta pregunta, cuestiona sobre cuál de las opciones propuestas es incorrecta, en relación con la pena de multa impuesta a S.R.V. en el caso que no la satisficiere voluntariamente.

Veamos cada una de las opciones:

  • La opción A: Dice que, en caso de impago, “quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas”. Esta afirmación es cierta, pues así lo dice textualmente el artículo 53.1 del CP.
  • La opción B: Dice que, en caso de impago “podría cumplir la responsabilidad personal subsidiaria mediante localización permanente”. No, no podría. Si bien es cierto que, el artículo 53.1 del CP, permite el cumplimiento de la pena de multa, mediante localización permanente, esta posibilidad solo es para los delitos leves. En el caso de S.R.V., ha sido condenado por un delito de tráfico de drogas, Y si atendemos a la mayor de las penas impuesta por este delito, 3 años de prisión, tenemos que el delito es menos grave. Dado que la pena también lo es, conforme a lo dispuesto en los artículos 13.2 y 33.3 del CP.
  • La opción C: Dice que, “tendría que cumplir 54 días de responsabilidad personal subsidiaria, por haberlo dispuesto así la Audiencia Provincial”. Esta afirmación es incorrecta. Según lo que, se desprende del enunciado, la audiencia, impuso 54 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa. Pero esto, no puede aceptarse por correcto, dado que, por su naturaleza, la responsabilidad personal subsidiaria, es para los casos de impago. Entonces, ¿Cómo va a saber el tribunal, en el momento de dictar sentencia, que va no va a pagar las cuotas, si S.R.V, no conoce la pena de multa que se le va a imponer? Es aquí, donde se encuentra el error. Por tanto, esta opción es incorrecta.
  • La opción D: Dice que, en caso de impago, “podría cumplir la responsabilidad personal subsidiaria mediante trabajos en beneficio de la comunidad si la Audiencia Provincial así lo acuerda, previa conformidad del penado”. Esta afirmación es correcta, así lo dice, exactamente en los mismos términos, el segundo párrafo del artículo 53.1 del CP.

Por tanto, hay dos opciones incorrectas. Es por esto, por lo que el tribunal de la oposición anuló esta pregunta.

Hasta aquí, el supuesto comentado de esta semana. La semana que viene más.

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Jaime de Alarcón

Licenciado en derecho. Master en MBA. Autor de manuales para la preparación de oposiciones a ayudante de IIPP. Autor del Blog Ius cogens. Funcionario de carrera de IIPP. Mail: jaime.alarcon@ius-cogens.com

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