Supuesto práctico oficial resuelto y comentado (oposiciones ayudantes de IIPP)

El segundo examen de la oposición es el que da la plaza. No me canso de repetir que, el que maneje supuestos, tiene la oposición aprobada. El examen test, es sólo un trámite que te da acceso a estos.  Aunque bien es cierto que, en caso de igualdad en las notas de supuestos, los test son los que deshacen el empate. Pero en principio, alcanzar la nota de corte en el segundo examen, hará que alcances el objetivo marcado cuando comenzaste a estudiar la oposición.

Por esto te digo: Haz supuestos, oficiales de cualquier año, de cualquier editorial, e incluso invéntatelos tú.

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Por esto, comenzamos, una serie de artículos dirigidos a resolver y comentar, supuestos prácticos oficiales de las oposiciones a ayudantes de IIPP. Tal y como vengo haciendo en mis libros de supuestos. En esta ocasión, he elegido el número 1 del examen de supuestos prácticos de 23 de febrero de 2020.

Dice así:

Enunciado supuesto práctico de 23 de febrero de 2020. Oposiciones Ayudantes de Instituciones Penitenciarias

El interno ABC cumple condena de privación de libertad de 05-00-120, en el Centro Penitenciario Puerto III, por comisión de delitos de robo, sin que se aprecien otras circunstancias, que extinguirá el próximo 23/12/2020. Se encuentra clasificado en segundo grado de tratamiento.
Se convoca en orden del día de fecha 09/01/2020 a los miembros de la Junta de tratamiento a la sesión ordinaria a celebrar el 16/01/2020 en la Sala de Juntas del Centro Penitenciario.
Entre los diferencies asuntos a tratar, según el orden del día, se encuentra la revisión del grado de tratamiento de ABC y el estudio de su solicitud de traslado al Centro Penitenciario del Dueso por vinculación familiar.
El día 16/01/2020 se reúnen en la Sala de Juntas: el Secretario de la Junta de tratamiento, el Subdirector de tratamiento, la Subdirectora médico, la Jefa de servicios, el Psicólogo, el Jurista y la Trabajadora social. El Educador no ha asistido-en el momento de la reunión se desconocen los motivos-. El Director del Centro Penitenciario asiste, a través de videoconferencia desde la sede central del Centro directivo, donde acudió a una reunión de trabajo.
Por unanimidad la Junta de tratamiento acuerda el mantenimiento en segundo grado de tratamiento del interno ABC-entre otros motivos porque tiene una sanción muy grave pendiente de cancelar- y en relación a su solicitud de traslado se acuerda su permanencia en el Centro Penitenciario Puerto III.
Al finalizar los asuntos indicados en el orden del día, la Trabajadora social pide introducir un nuevo asunto, esto es: que se estudie una solicitud de permiso ordinario de salida presentada por el interno ese mismo día a fin de asistir a la semana siguiente a un evento familiar.

Dando una primera lectura, se puede ver una situación normal en cualquier centro penitenciario: Una reunión ordinaria de la junta de tratamiento, y unos asuntos a tratar en el orden del día, entre ellos la revisión de la clasificación de ABC. Hasta aquí, todo dentro de lo habitual. Lo único que sale un poco de lo común, cada vez menos, es que el director del centro penitenciario asiste por videoconferencia, algo que ya debe de saber que es posible. Y que, la trabajadora social, solicita introducir un asunto no previsto en el orden del día.

Hecho este rápido y breve análisis, comenzamos a comentar la primera pregunta.

Primera pregunta

  1. ¿Considera usted que el órgano colegiado está válidamente constituido?:
  2. No, porque la asistencia presencial del Presidente es necesaria.
  3. No, salvo que se nombre un suplente del Presidente.
  4. Sí, puesto que, aunque no asiste el Presidente del órgano colegiado, sí asisten. Al menos, la mitad.
  5. Sí, porque la asistencia a distancia a través de videoconferencia del Presidente es un medio electrónico válido previsto en la normativa vigente.

En primer lugar, siempre que vaya a responder una pregunta de un supuesto, debe de ir eliminado las opciones que, claramente, son incorrectas. A fin de simplificar de proceso de resolución. Por esto, ya desde el principio se ve que, la opción A, hay que descartarla, ya que, según el artículo 17.1 de la Ley 40/2015, “Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia (…)”.  Por tanto, la opción A, es incorrecta.

La opción B, continúa incidiendo en la idea que el director, y por tanto presidente de la junta de tratamiento (artículo 272.1 del RP), no ha asistido a la reunión por no estar físicamente en ella, Parte, por tanto, de una premisa falsa, pues, aunque lo haga a distancia por videoconferencia, si está presente. Por tanto, la opción B, es incorrecta, dado que no es necesario el suplente del director. No hay nada que suplir, si en realidad, está ahí, al menos virtualmente.

Continúa insistiendo la opción C, en lo mismo que la opción A y B. Únicamente con leer el comienzo, se descarta con toda seguridad, ya que como venimos diciendo, si ha asistido. Por tanto, la opción C es incorrecta.

Claramente, ya sabemos que opción hay que responder: La D. Ya que según el artículo 17.2 de la Ley 40/2015, “Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros”. Siendo que, además, la videoconferencia, está expresamente admitida como medio electrónico en el artículo 17.1 párrafo segundo de la Ley 40/2015 dice:” (…) Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias”.

Por tanto, la opción D es la que hay que señalar como correcta.

Segunda pregunta

El Jurista, acreditando un interés legítimo, solicita al Secretario de la Junta de tratamiento que se le expida una certificación de los acuerdos adoptados:

  1. Si solicita que se le expida en formato físico, el Secretario deberá acceder a ello.
  2. Aunque solicite la certificación en formato físico se le expedirá por medios electrónicos.
  3. No deberá expedirse certificado alguno puesto que el Jurista es un miembro del órgano colegiado que participó en la decisión adoptada.
  4. La certificación se expedirá en formato físico, salvo que el jurista solicite que se le expida por medios electrónicos.

En esta ocasión, la afirmación más correcta de las cuatro que se ofrecen, es la B. El fundamento jurídico, es el siguiente:

Dice el artículo 17.7 de la Ley 40/2015 que, “Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La certificación será expedida por medios electrónicos”. De acuerdo con esto, no tiene derecho al certificado en formato físico. Pero el mismo artículo y apartado, añade una matización “salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las Administraciones por esta vía”. La pregunta, entonces, ha de ser si la jurista es una obligada a relacionarse electrónicamente con la administración, lo respondo a continuación:

Para responder, nos vamos al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, que es el que nos dice las personas que, en todo caso, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones públicas. Del listado que se nos ofrece, nos quedamos con el subapartado e), que es el que incluye, entre los obligados, a: “Los empleados de las Administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público”.

Dado que, la jurista, es empleada publica, más concretamente, funcionaria, está obligada a relacionarse electrónicamente con la administración.

Por tanto, no tiene derecho a la certificación de los acuerdos adoptados por la junta de tratamiento, en formato físico, sólo electrónico.

Por tanto, la opción correcta es la B.

Tercera pregunta

Dado que el Director no se encuentra físicamente en el Centro Penitenciario, delega en el Subdirector de tratamiento resolver la revisión de grado interesada por el interno ABC al amparo del apartado segundo del Artículo 105 del Reglamento penitenciario. Teniendo en cuenta lo dispuesto en la orden interior 1127/2010, de 19 de abril:

  1. La competencia que quiere delegar el Director no la tiene asignada
  2. Esta delegación es contraria a la Ley
  3. Previo al acuerdo de delegación debe requerirse autorización del Centro directivo
  4. Todas las resoluciones de revisiones de grado son competencia del Centro directivo y en ningún caso pueden ser delegadas.

Esta pregunta exige saber las competencias delegadas por el centro directivo en los directores. En concreto, se encuentran en la Orden INT/985/2005, de delegación de competencias (en el ámbito del Ministerio del Interior), modificada por la orden interior 1127/2010, de 19 de abril.

En primer lugar, hay que distinguir entre, delegar la propuesta de revisión de grado, y delegar la resolución de la revisión de grado. En el primer caso, la competencia, según el RP, corresponde a la junta de tratamiento (art-105.1). En el segundo, la competencia corresponde al centro directivo (art-103.4 RP).

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En segundo lugar, el supuesto nos indica que, en el orden del día de la junta de tratamiento, se va a estudiar la revisión del grado de tratamiento de ABC y el estudio de su solicitud de traslado al Centro Penitenciario del Dueso por vinculación familiar.

En tercer lugar, el supuesto nos dice que, el director delega en el subdirector de tratamiento la facultad de resolver la revisión de grado. Y en esto, nos vamos a centrar.

En cuarto lugar, ¿Tiene el director la competencia para resolver la revisión de grado? No, a tenor del RP, dado que, como se ha dicho, corresponde al centro directivo. Pero ¿Ha sido delegada esta competencia del centro directivo en el director? SI, con condiciones, que se enumeran en la Orden INT/985/2005, modificada por la 1127/2010, de 19 de abril. Por lo que, lo que se delega exactamente, es esto:

Los Directores o Gerentes de los Centros Penitenciarios, en el ámbito del centro del que sean titulares, ejercerán por delegación de la DG Ejecución Penal y RS: Resolver las revisiones de grado, interesadas por los internos al amparo del apartado segundo del artículo 105 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, siempre que el acuerdo de la Junta de Tratamiento de continuidad sea en segundo grado, se haya adoptado por unanimidad y el penado no haya cumplido la mitad de una condena superior a cinco años o tenga dos o más sanciones graves o muy graves sin cancelar.

En quinto lugar, ¿cumple el interno ABC, las condiciones anteriores? Vamos a verlo:

  • Que el acuerdo de la Junta de Tratamiento de continuidad sea en segundo grado: Si, ha sido por unanimidad, así lo dice el enunciado del supuesto.
  • Que no tenga dos o más sanciones graves o muy graves sin cancelar: No las tiene, tienen solo una sanción muy grave pendiente de cancelar, según relata el enunciado del supuesto.
  • No haya cumplido la mitad de una condena superior a cinco años: En efecto, ABC tiene una condena superior a 5 años (05-00-120). Sin embargo, la extingue el 23/12/2020, y la junta de tratamiento se reúne 16/01/2020, lo que quiere decir que, en la fecha de reunión 16/01/2020, la mitad de la condena ya la tuvo que haber cumplido ampliamente, alrededor del 2018. Por tanto, no cumple este último requisito.

En sexto lugar, dado que no cumple todos los requisitos de la delegación, el director no tiene la competencia por lo que no la puede delegar.

Por tanto, la respuesta correcta es la A.

No quiero dejar de mencionar una hipótesis: ¿Qué pasaría si cumplieran todos los requisitos y, por tanto, el director pudiera resolver? ¿Lo podría delegar en el subdirector de tratamiento? No, rotundamente no, dado que el artículo 9.5 de la Ley 40/2015, prohíbe expresamente delegar competencias que se ejerzan por delegación, salvo que haya autorización expresa de una ley, que no es el caso.

Cuarta pregunta

En relación al asunto que pretende introducir la Trabajadora social en el orden del día del órgano colegiado:

  1. Puede ser objeto de estudio y valoración, aunque no figure en el orden del día, si es declarada la urgencia del acuerdo por el voto favorable de la mayoría de sus miembros
  2. Puede ser objeto de estudio y valoración, aunque no figure en el orden del día, si es declarada la urgencia del acuerdo por el voto favorable de la mayoría de todos los intervinientes
  3. No puede ser incluido puesto que no han asistido a dicha sesión del órgano colegiado todos sus miembros
  4. No puede ser estudiado porque no figura en el orden del día y no se trata de un permiso extraordinario

Para responder a esta pregunta, hay que acudir al artículo 17.4 de la Ley 40/2015, que nos dice que:

No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría

Dado que el educador, no ha asistido, siendo miembro de la junta de tratamiento (art-272.1 f), no podrá introducirse el asunto propuesto por la trabajadora social.

Por tanto, la respuesta correcta es la C.

Quinta pregunta

El letrado, como representante del interno, presenta en el Registro General del Centro directivo escrito solicitando el inicio de un procedimiento de reclamación ante los supuestos perjuicios derivados de una actuación administrativa. En este caso:

  1. Se recogerá la documentación presentada presencialmente porque el letrado actúa en representación de un sujeto-persona física- que no tiene la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración
  2. No se recogerá la documentación presentada presencialmente porque el interno es una persona física que tiene obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración
  3. Se requerirá al letrado que subsane su solicitud mediante presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada dicha subsanación
  4. Se admitirá, en cualquier caso, la documentación física porque el letrado no es un sujeto obligado a relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos.

El supuesto nos plantea, que un letrado en representación de un interno acude al registro del centro directivo a presentar una reclamación. No nos dice más. Vamos que, a tenor de esto, no sabemos por dónde orientar la respuesta. Por esto, es interesante ir a las opciones de respuestas propuestas, para así obtener pistas.

En este sentido, tenemos que, las opciones propuestas, se refieren a la obligación o no, de relacionarse electrónicamente con la administración. Dicho de otro modo: El debate, va a girar en torno a ello.

Por tanto, y dado que es el letrado el que se persona en el registro con solicitud en mano. Hay que ver si, este señor, debe hacerlo por vía electrónica. Para ello, vamos, al artículo 14 de la Ley 39/2015, que nos dice en el apartado 2 letra c) que, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas: Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen (…) en ejercicio de dicha actividad profesional

En nuestro caso, el letrado acude en representación de otro, es decir, como abogado, y, por tanto, dicha solicitud la debería de haber presentado electrónicamente.

Pero ¿cómo actuará el funcionario (entiéndase, también Administración) que atienda al letrado? ¿le tira la solicitud? No, no son formas, nosotros los funcionarios actuamos conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo, y yendo a ella, tenemos que el artículo 68.4, prevé que, para aquellos casos, en los que un despistado que este obligado a relacionarse electrónicamente, acuda a «presentar su solicitud presencialmente, las Administraciones públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica».

Por tanto, la opción correcta es la C.

Hasta aquí el supuesto comentado de esta semana. La semana que viene más. Espero que hayas aprendido. Se trata de aprender a razonar, y enlazar normas. No tiene más.

Saludos.

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Jaime de Alarcón

Licenciado en derecho. Master en MBA. Autor de manuales para la preparación de oposiciones a ayudante de IIPP. Autor del Blog Ius cogens. Funcionario de carrera de IIPP. Mail: jaime.alarcon@ius-cogens.com

Esta entrada tiene 2 comentarios

  1. senen

    Muy buenas,
    La pregunta 5 yo habria respondido la a) basandome en el art. 14.2.d). Si bien es cierto que el abogado necesita colegiacion obligatoria, esta representando a una persona fisica que no tiene la obligacion de relacionarse con la administracio por medios electronicos. ¿podrias ponerme un ejemplo en el caso del 14.2d))
    gracias.

    1. El apoderado de una empresa, que actúa en nombre de esta. La empresa (persona jurídica), tiene la obligación de relacionarse electrónicamente, por tanto, el apoderado como representante también.

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