Supuesto oficial de examen comentado. Oposiciones IIPP

El supuesto oficial que comento esta semana, es el número 9 del examen de 2021, de las oposiciones a Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

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El enunciado es el siguiente:

El día 25 de junio del 2020. El interno I.M.H., nacido el 11 de enero del 2000 y de nacionalidad argelina, ingresa en el Centro Penitenciario de Huelva para cumplir pena privativa de libertad de 10 años, por un delito de terrorismo. Además, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ha impuesto en sentencia una medida de libertad vigilada de 7 años.

Primera pregunta

A tenor de la especial peligrosidad derivada de la tipología delictiva, de su pertenencia a un grupo u organización terrorista y la necesidad de ejercer un control específico sobre el interno, señale qué medidas pueden ser adoptadas en el momento del ingreso del interno:

a) Por razones de seguridad el Director del Centro Penitenciario podrá acordar, en resolución motivada la intervención de las comunicaciones orales y escritas, notificándolo al interno y dando cuenta al Juez de vigilancia penitenciaria

b) Será destinado a una celda individual, en el departamento de ingresos y salidas, donde permanecerá el tiempo mínimo imprescindible, pudiendo ser visitado exclusivamente por el Médico, el Psicólogo, el Educador y el Trabajador social

c) Conforme a lo establecido en el artículo 68 del Reglamento penitenciario, deberá ser cacheado con desnudo integral, para descartar que pueda portar entre sus prendas de vestir, algún objeto peligroso que pudiera poner en peligro la seguridad del Centro Penitenciario y de sus trabajadores

d) Será destinado a un departamento especial, conforme a lo establecido en el artículo 91.3 del Reglamento penitenciario, asignándole la modalidad de vida prevista en el artículo 93.

Acerca de las medidas que pueden ser adoptadas, sobre un interno condenado por delito de terrorismo, a su ingreso, analizamos las opciones propuestas:

La opción A: Dice que, por razones de seguridad, el director podrá acordar la intervención de las comunicaciones orales.

Según el artículo 51 de la LOGP, las comunicaciones orales y escritas “no tendrán más restricciones, en cuanto a las personas y al modo, que las impuestas por razones de seguridad, de interés de tratamiento y del buen orden del establecimiento”. Por tanto, uno de los motivos que esgrime, este artículo, para poder intervenir las comunicaciones, son razones de seguridad. Tal y como es el caso que estamos analizando. No importa, que el interno pertenezca a banda terrorista, o que haya sido condenado por delitos de terrorismo. A cualquier interno, en los que concurra razones de seguridad, de interés de tratamiento y buen orden del establecimiento, se le puede intervenir las comunicaciones. Sea el delito que sea.

Por tanto, en este caso, parece bastante lógico que, si se estima que hay motivos de seguridad, se intervengan sus comunicaciones. Pero vamos a las cuestiones de forma. Dice el enunciado de la pregunta que, la intervención se llevó a cabo, por resolución motivada del director, notificándolo al interno y dando cuenta al Juez de vigilancia penitenciaria. En este sentido, el artículo 43.1 del RP, en cuanto al modo de realizar la intervención que, se hará por el Director, con informe previo de la Junta de Tratamiento si la restricción, intervención o denegación se fundamenta en el tratamiento, lo acordará así en resolución motivada, que se notificará al interno, dando cuenta al Juez de Vigilancia en el caso de penados o a la autoridad judicial de la que dependa si se trata de detenidos o presos”. Dado que, a nuestro interno no se la han intervenido las comunicaciones por razones de tratamiento, y si de seguridad, y que la resolución motivada, del director, se la ha notificado al interno y se ha dado cuenta al JVP por tratarse de un penado. Parece claro que, debemos concluir que esta opción es correcta.

La opción B: Dice que, será destinado a una celda individual, en el departamento de ingresos, donde permanecerá el tiempo mínimo imprescindible, pudiendo ser visitado exclusivamente por el Médico, el Psicólogo, el Educador y el Trabajador social.

La única referencia que encontramos a la necesidad de ocupar una celda individual en el momento del ingresos, es en el artículo 19.1 del RP, pero referido a presos incomunicados. No es el caso. Pero además, respecto de los profesionales que podrán visitar al penado en el momento del ingreso, es correcta la referencia al Psicólogo, el Educador y el Trabajador social, y al médico pero siempre que sea nuevo ingreso, que no lo sabemos. Lo es porque, son los profesionales que, según el artículo 20.2 del RP, deben de visitar a los penados en el departamento de ingresos. Con un matiz, de los enumerados, falta el jurista que también debe visitarlo. Pero además, hay que hacer otro matiz, no es que puedan visitar al penado, es que deben de visitarlo. Es una obligación, no una opción como dice la pregunta a la que hacemos referencia. Por tanto, la damos como incorrecta.

La opción C: Dice que, deberá ser cacheado con desnudo integral, para descartar que pueda portar entre sus prendas de vestir, algún objeto peligroso que pudiera poner en peligro la seguridad del Centro Penitenciario.

El artículo 68 del RP, respecto de los cacheos con desnudo integral, dice que por motivos de seguridad concretos y específicos, cuando existan razones individuales y contrastadas que hagan pensar que el interno oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia susceptible de causar daño a la salud o integridad física de las personas o de alterar la seguridad o convivencia ordenada del Establecimiento, se podrá realizar cacheo con desnudo integral con autorización del Jefe de Servicios”.

Por tanto, no cabe un cacheo con desnudo integral, fundamentado en que, razones de seguridad genéricas. Del tipo: Como está condenado por terrorismo, y los terroristas suelen ser muy peligrosos ordenemos un cacheo con desnudo integral por si lleva algún objeto peligroso. No, estas medidas de seguridad, tan intrusivas en la intimidad del interno, que deben de estar fundamentadas en razones individualizadas (sospechas que solo se den en el) y contrastadas (que no se quede en mera sospecha, que hay motivos suficientes para creer que se le va a encontrar algo). Por tanto, damos esta opción por incorrecta.

La opción D: Dice que, hay que destinarlo en un departamento especial, y asignarle la modalidad de vida propia de estos departamentos.

Veamos, para asignar destino a uno de estos departamentos, se tienen que dar unas circunstancias muy concretas y extremas en el recluso al que se le aplica. Pues según el artículo 91.3 del RP: “Serán destinados a departamentos especiales aquellos penados clasificados en primer grado que hayan sido protagonistas o inductores de alteraciones regimentales muy graves, que hayan puesto en peligro la vida o integridad de los funcionarios, Autoridades, otros internos o personas ajenas a la Institución, tanto dentro como fuera de los Establecimientos y en las que se evidencie una peligrosidad extrema”. En el caso que nos ocupa, no se dan ninguna de las condiciones que motivarían esta medida. Por tanto, esta opción, es incorrecta.

Por tanto, la respuesta correcta es la A.

Segunda pregunta

El día 2 de julio del 2020, una vez transcurrido el plazo máximo de siete días de estancia en el departamento de ingresos, establecido en el artículo 20.3 del Reglamento penitenciario y una vez recibido el informe previo de la Junta de tratamiento, el Consejo de Dirección ordena el traslado de I.M.H. al departamento de régimen cerrado. Identifique la actuación correcta e incorrecta:

a) La actuación descrita es correcta, toda vez que conforme a lo descrito en el artículo 20 del Reglamento penitenciario, la estancia de preventivos o penados en el departamento de ingresos será, como máximo, de siete días siendo la Comisión disciplinaria el órgano competente para ordenar el traslado del interno al departamento que corresponda, previo informe de la Junta de tratamiento

b) La actuación descrita es incorrecta, toda vez que conforme a lo descrito en el artículo 20 del Reglamento penitenciario, la estancia de preventivos o penados en el departamento de ingresos será, como máximo, de cinco días siendo el Director el órgano competente para ordenar el traslado del interno al departamento que corresponda, previo informe médico

c) La actuación descrita es incorrecta, toda vez que conforme a lo descrito en el artículo 20 del Reglamento penitenciario, la estancia de preventivos o penados en el departamento de ingresos será, como máximo, de cinco días siendo el Consejo de Dirección el órgano competente para ordenar el traslado del interno al departamento que corresponda, previo informe médico

d) La actuación descrita es incorrecta, toda vez que conforme a lo descrito en el artículo 20 del Reglamento penitenciario, la estancia de preventivos o penados en el departamento de ingresos será, como máximo, de siete días y sólo podrá prolongarse por razones de tratamiento o para preservar su seguridad. De la prolongación se dará cuenta al Juez de vigilancia penitenciaria correspondiente

Según esta pregunta, I.M.H, estuvo en el departamento de ingresos 7 días. Tras los cuales, y previo informe de la junta de tratamiento, el consejo de dirección ordena el traslado del interno a un departamento de régimen cerrado.

No han dado ni una. Pero vamos a analizar cada una de las afirmaciones, y así dilucidar la opción correcta:

Respecto a la permanencia del interno en ingresos durante 7 días: Dispone el artículo 20.3 del RP que, “La estancia de preventivos o penados en el departamento de ingresos será, como máximo, de cinco días y sólo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad (…)”. Dado que no se dan razones, ni sanitarias no de seguridad personal, la estancia tuvo que ser como máximo de 5 días.

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Respecto del informe previo de la junta de tratamiento al traslado a un departamento de régimen cerrado: I.M.H, es penado, y como tal el procedimiento de ingresos que hay que seguir es el descrito en el artículo 20.2 del RP. Este artículo, dice que, el psicólogo, el jurista, el trabajador social y el educador realizan propuesta de separación interior. Por tanto, no es la junta de tratamiento, ni es un informe, sino una propuesta.

Respecto a que sea el consejo de dirección el que ordene el traslado al departamento de régimen cerrado: El mismo artículo arriba mencionado, y el 280.2 9.ª del RP, otorgan esta competencia al director.

Por tanto, la respuesta correcta es la B.

Tercera pregunta

El día 15 de julio del 2020, los Funcionarios que prestan servicio llevan a cabo una requisa de la celda y un registro de las pertenencias del interno I.M.H., detectando un libro, que posee depósito legal y pie de imprenta, escrito por A.M.M., autor de numerosas fatuas preconizando la yihad y uno de los principales referentes ideológicos de los terroristas yihadistas. Al revisar el contenido del libro se observa que en algunos de sus pasajes se justifica y enaltece la yihad, incitando al odio, a la violencia y a la liberación de los presos encarcelados en las prisiones de los “infieles”.

En base a lo anteriormente señalado y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 128 del Reglamento penitenciario, ¿cómo se deberá proceder?:

a) Se trata de uno de los supuestos previstos en el artículo 128.2 del Reglamento penitenciario, por lo que se procederá a la retirada del libro, resolución que le será notificada al interno y al Juzgado de Guardia por si dicha tenencia pudiera ser constitutiva de delito

b) A tenor de lo establecido en el artículo 128.2 del Reglamento penitenciario se procederá a la retirada del libro, toda vez que su contenido atenta contra la seguridad y el buen orden del Establecimiento, debiéndose notificar al interno la resolución adoptada y será comunicada al Juez de vigilancia penitenciaria competente

c) Conforme a lo establecido en el artículo 128.2 del Reglamento penitenciario, no se pueden retirar las publicaciones que posean depósito legal y pie de imprenta, excepto en aquellos supuestos que así lo aconsejen las exigencias del tratamiento individualizado, previa resolución motivada de la Junta de tratamiento del establecimiento

d) Conforme a lo establecido en el artículo 128.2 del Reglamento penitenciario, previa resolución motivada de la Junta de tratamiento del establecimiento, se procederá a la retirada del libro, aunque posea depósito legal y pie de imprenta, por considerar que su contenido puede atentar contra la seguridad y el buen orden del Establecimiento, resolución que será notificada al interno y comunicada al Juez de vigilancia penitenciaria

Según el artículo 128.2 del RP, “no se autorizará la tenencia en el interior de los Establecimientos, de publicaciones que carezcan de depósito legal o pie de imprenta, con excepción de las editadas en el propio Centro penitenciario, así como las que atenten contra la seguridad y buen orden del Establecimiento. Cuando, como consecuencia de dicha prohibición, le sea retirada a algún interno una publicación no autorizada, la resolución que se adopte se notificará al interno y se comunicará al Juez de Vigilancia”.

Por tanto, la respuesta correcta es la B.

Cuarta pregunta

Por razones de seguridad, en base a la tipología delictiva, el Director acuerda a intervención de las comunicaciones orales y escritas de I.M.H. La resolución es notificada al interno y al Juez de vigilancia penitenciaria.

Al día siguiente el interno envía una carta a su abogado defensor y otra al Defensor del Pueblo Andaluz. Al proceder a la intervención de la carta dirigida al Defensor del Pueblo Andaluz se observa que, además de quejarse por la intervención de sus comunicaciones, falta gravemente al respeto al Director y Subdirector de Seguridad del Establecimiento, hechos por lo que se le incoa un expediente disciplinario por una falta grave prevista en el Artículo 109.a del Reglamento penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 49.2 del Reglamento penitenciario:

a) La intervención de las comunicaciones escritas del interno con el Defensor del Pueblo Andaluz sólo podrá realizarse previa orden expresa del Juzgado Central de Vigilancia penitenciaria

b) La intervención de la carta dirigida al Defensor del Pueblo Andaluz es una medida correcta, por no hallarse dentro de los supuestos previstos en el citado Artículo, si bien no se puede incoar un expediente disciplinario al interno por el contenido de la carta, toda vez que éste tiene derecho a manifestar sus opiniones y su disconformidad con aquellas medidas que considere que atentan contra sus intereses

c) Las comunicaciones orales y escritas del interno con el Defensor del Pueblo Andaluz no pueden ser objeto de intervención ni restricción administrativa de ningún tipo

d) No podrán ser suspendidas ni ser objeto de intervención o restricción administrativa de ningún tipo, las comunicaciones orales y escritas de los internos con las autoridades judiciales y miembros del Ministerio Fiscal, pero dicho Artículo no hace referencia alguna al Defensor del Pueblo Andaluz

Parece que, algún funcionario leyó la carta dirigida al Defensor del Pueblo Andaluz. Y el director, continuando con la mala práctica, incoa expediente por lo leído.

Esto no se puede hacer. Dice el artículo 49.2 del RP, que las comunicaciones orales y escritas de los internos con el Defensor del Pueblo o sus Adjuntos o delegados o con instituciones análogas de las Comunidades Autónomas, Autoridades judiciales y miembros del Ministerio Fiscal no podrán ser suspendidas, ni ser objeto de intervención o restricción administrativa de ningún tipo. En la misma línea, el artículo 16.1 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo dice que la correspondencia dirigida al Defensor del Pueblo y que sea remitida desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia de las personas no podrá ser objeto de censura de ningún tipo”.

Resulta evidente que, la lectura de la carta, dirigida al defensor del Pueblo, constituye una intervención de la comunicación no permitida por las normas anteriormente citadas. Es más, la incoación del expediente disciplinario, puede ser recurrida en vía administrativa en alzada, ante el SGIIPP, solicitando la nulidad de pleno derecho del acto de incoación. Dado que, según el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, declara este tipo de nulidad, cuando, el acto administrativo lesione derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

Por tanto, la respuesta correcta es la C.

Quinta pregunta

El 23 de julio se desplaza al Centro Penitenciario F.A.L., esposa del interno, para celebrar una comunicación especial íntima. Un vez acreditada la identidad y la relación de parentesco con el interno, la funcionaria que presta servicio en el departamento de comunicaciones, ordena a F.A.L., que pase a través del arco detector de metales para descartar la posesión de objetos prohibidos. En ese momento la funcionaria observa la presencia de un abultamiento a la altura de la cintura de la comunicante, informa al Jefe de Servicios, que ordena la realización de un cacheo con desnudo integral.

F.A.L. se niega a ser cacheada y dirigiéndose a la funcionaria, le dice que esta medida es ilegal, que atenta contra su intimidad y que bajo ningún concepto se va a someter a tal humillación. Al ser informada de que si mantiene su negativa al cacheo con desnudo integral se adoptarán las medidas oportunas, la comunicante visiblemente alterada, amenaza a la funcionaria con denunciarle ante el Juzgado de Guardia, reiterando nuevamente que bajo ningún concepto va a permitir que una “infiel” vea su cuerpo desnudo y mucho menos que la manosee. Conforme a lo establecido en al Artículo 45.7 del Reglamento penitenciario:

a) Los cacheos con desnudo integral solamente pueden llevarse a cabo sobre las personas privadas de libertad, mediando las razones y en la forma establecida en el Artículo 68 del Reglamento penitenciario

b) No se llevará a cabo la comunicación, sin perjuicio de las medidas que pudieran adoptarse por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito

c) El Jefe de Servicios podrá autorizar el uso de la fuerza mínima imprescindible para vencer la resistencia de la comunicante y proceder a su cacheo ante la sospecha fundada de que pudiera portar algún objeto o sustancia prohibida que pudiera poner en peligro la seguridad y el buen orden del Establecimiento

d) Se pondrá en conocimiento del Jefe de Servicios, quien podrá ordenar la suspensión de la comunicación especial íntima, sustituyéndola por una comunicación ordinaria de 40 minutos de duración

Parece claro que, en la señora de I.M.H, concurren “motivos de seguridad concretos y específicos”, tal y como exige el artículo 68.2 del RP. Toda vez, que se ha observado un abultamiento en la cintura de la comunicante. Es decir, el cacheo, en cuanto al fondo, y forma (es ordenado por el jefe de servicios), goza de todos los requisitos jurídicos. Por lo tanto, ante esto, el modo de proceder es el señalado en el artículo 45.7 del RP, que dice “En caso de que el visitante se niegue a realizar el cacheo, la comunicación no se llevará a cabo, sin perjuicio de las medidas que pudieran adoptarse por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito”.

Por tanto, la respuesta correcta es la B.

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Jaime de Alarcón

Licenciado en derecho. Master en MBA. Autor de manuales para la preparación de oposiciones a ayudante de IIPP. Autor del Blog Ius cogens. Funcionario de carrera de IIPP. Mail: jaime.alarcon@ius-cogens.com

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