El procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador

Principios, incoacción, plazos y especialidades del procedimiento administrativo sancionador.
  • En este artículo vas a aprender:
  • Los prncipios de la potestad sancionadora.
  • La prescripción de las infracciones y sanciones.
  • La caducidad del procedimiento sancionador.
  • El inicio del procedimiento.
  • La resolucion.

El procedimiento sancionador en la ley 39/2015 y 40/2015

En el artículo de hoy te voy a explicar el procedimiento sancionador. Para que puedas seguir esta lección es recomendable que tengas a mano:

Esta lección que escribí sobre el procedimiento administrativo común

Administraciones públicas

Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público

Antes de entrar de lleno en la lección y a modo de introducción, debes tener en cuenta que el procedimiento administrativo sancionador, sigue el mismo esquema que el procedimiento administrativo común. Esto ocurre con todos los procedimientos que se tramitan ante las Administraciones públicas.

Para que lo entiendas el procedimiento administrativo común es el “esqueleto” de todos los procedimientos administrativos, pero en cada uno de los procedimientos puede haber plazos, normas de instrucción, efectos del silencio administrativo, específicos para cada uno de ellos.

El procedimiento sancionador es el resultado el ejercicio de una potestad por parte de la administración, la potestad sancionadora.

Principios de la potestad sancionadora de las Administraciones públicas

Vienen recogidos en la ley 40/2015 artículos 25 a 31 de la citada ley y son los siguientes:

Principio de legalidad

El principio de legalidad aplicado a las Administraciones públicas supone que estas no pueden actuar por propia autoridad o arbitrio sino con una previsión normativa que le respalde.

Aplicado al procedimiento administrativo sancionador, supone que las Administraciones públicas no pueden ejercer la potestad sancionadora sin una norma que le respalde o habilite a ejercitar esta potestad.

La ley 40/2015 dice:

La potestad sancionadora de las Administraciones públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley.

Es lo que te comentaba antes la atribución de esa potestad sancionadora tiene que estar prevista en una norma con rango de ley. Con esto se evita que una administración se atribuya la potestad de sancionar basándose en reales decretos o normas de carácter reglamentario, lo que implicaría una gran indefensión por parte de los ciudadanos.

Seguro que estás pensando: Las entidades locales no pueden dictar leyes…

En efecto, pero esto ya lo prevé la ley 40/2015 cuando dice:

cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril

Este título XI de la ley 7/1985 da potestad de sancionador a las Administraciones públicas locales en ciertas materias que se especifican en la citada ley.

Este principio tal y cómo lo propone la ley 40/2015 tiene también consecuencias en cuanto al ejercicio de la citada potestad sancionadora.

¿Qué quiere decir esto?

Quiere decir que la ley atribuye la potestad sancionadora, pero el ejercicio también tiene que estar atribuido a un concreto órgano administrativo de la administración que tenga la potestad.

No basta con que una ley diga que la Junta de Extremadura puede sancionar en materia de caza -por ejemplo- tiene que haber una norma con rango de ley o reglamentaria que diga que órgano administrativo dentro de la Junta de Extremadura ejerce la competencia en materia sancionadora.

Siguiendo con el principio de legalidad tal y como está redactado en la ley 40/2015 y un poco forzado y “encajado” en el artículo 25:

Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio por las Administraciones públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo

Bien pues ya lo sabes se aplica a los procedimientos de carácter disciplinario. Que ejerza la administración sobre el personal a su servicio y esto con independencia de la relación de servicio.

El personal al servicio de las Administraciones públicas se clasifica de acuerdo con el artículo 8 del Real decreto legislativo del estatuto básico del empleado público en:

  • Funcionario de carrera
  • Funcionarios interinos
  • Personal laboral
  • Personal eventual

Para finalizar este principio de legalidad del procedimiento sancionador y continuando con el artículo 25 de la ley 40/2015, dispone que los principios contenidos en el capítulo III de la citada ley:

no serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones públicas

Esto es así porque la especificidad de estas materias hace necesario una regulación jurídica aparte. En materia de contratación en la ley de contratos del sector público y en materia de carácter patrimonial en las distintas leyes de patrimonio de cada administración pública

Irretroactividad

Otro principio importante en el procedimiento sancionador – artículo 26 de la ley 40/2015- La irretroactividad supone la no aplicación de una norma a hechos que acontecieron antes entrar en vigor la correspondiente norma.

Aplicado al procedimiento sancionador, implica que lo determinante para determinar la irretroactividad de una norma sancionadora, es el del momento de producirse los hechos que sean objetos de la infracción administrativa.

La otra cara de la irretroactividad de las normas, especialmente en procedimientos de carácter punitivo – como el procedimiento penal o los procedimientos sancionadores – es el de la retroactividad. Así lo expresa el artículo 26 de la 40/2015 del régimen jurídico del sector público:

Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición

Este principio de irretroactividad y retroactividad de las normas sancionadoras ya estaba reconocido por la constitución en el artículo 9.3, del que ya hice un análisis en otro artículo. Ahora con el capítulo III de esta ley, está plasmado expresamente y desarrolla el artículo 9.3 de la constitución.

Principio de tipicidad

Principio clave en el procedimiento sancionador y junto con la irretroactividad, para mi son los que más garantías aporta al ciudadano frente a la administración en los procedimientos de este tipo.

Imagino lo que estás pensando “otro que va a explicar la tipicidad del procedimiento sancionador, sin decir que es la tipicidad”

Lo se suele ocurrir, pero hay conceptos que dada su abstracción son complejos de explicar, pero bueno lo intento.

¿Qué es la tipicidad?

La tipicidad es la identidad material entre los componentes facticos de un hecho y los descritos en la norma jurídica.

Con otras palabras, que los hechos se acomoden a lo que la norma califica como infracción administrativa.

Sigo con la tipicidad

El artículo 27 de la ley 40/2015 nos dice esto acerca de la tipicidad:

Solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril

Como ves está muy relacionado con el principio de legalidad, además reserva a la ley las conductas o hechos que constituyen infracción administrativa.

Cómo te dije también en el principio de legalidad, en el caso de las administraciones locales esta reserva de ley no se aplica, pues estas no pueden dictar normas con rango de ley.

Pero los ayuntamientos tipifican sanciones por la habilitación legal que les da este artículo 27 de la ley 40/2015. Y vaya si lo hacen¡¡¡ como en el ejemplo que te pongo abajo del ayuntamiento de Sevilla que sanciona por jugar al dominó en los veladores.

ejemplo de infracción administrativa

El Artículo 27 también dice:

Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley

Con esto la ley 39/2015 nos está diciendo que el principio de tipicidad también afecta a las sanciones, teniendo estar estas en una norma con rango de ley.

Y ahora viene el apartado 3 de este artículo 27 que viene a estropearlo todo:

Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la Ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes

Lo que en la practica con este apartado 3 desdibuja todo el principio de tipicidad, dejando a las normas reglamentarias vía libre para especificar, graduar las infracciones y las sanciones.

Por último, el apartado 4 del mismo artículo prohíbe expresamente la aplicación analógica de las sanciones y las infracciones.

Principio de responsabilidad

Siguiendo con el procedimiento sancionador y con el principio que vamos a analizar ahora. El artículo 28 de la ley 40/2015 en el apartado 1 dice:

Solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa

Esto viene a decir que la responsabilidad de la infracción alcanza a:

  • ¿Qué es una Persona física?: Tu lector eres una persona física y yo. La condición de persona física cómo dice el código civil en el artículo 30 “La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno”
  • ¿Qué es una persona jurídica?: Lo dice el artículo 35 del código civil “Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley” y también “Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados”.
  • ¿Qué son las Uniones y entidades sin personalidad jurídica?: Te lo explico con un ejemplo, Juan y Antonio tienen cada uno una frutería. Han pensado que poner una frutería en el centro de la ciudad sería más rentable, pero no tienen dinero para ese gasto, por lo que deciden crear una comunidad de bienes y poner una juntos en el centro. Esa comunidad de bienes es una entidad o unión sin personalidad jurídica. También lo es una herencia yacente (que no ha sido aceptada por los herederos).

Continuando con el principio de responsabilidad en el procedimiento sancionador.  De este se deriva igualmente una responsabilidad restitutoria e indemnizatoria.

A si nos lo cuenta la ley régimen jurídico:

Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora.

Así te lo cuento yo:

Quiere decir esto, que cuando cometes una infracción administrativa -romper una papelera- tienes que restituir al momento anterior al daño -comprar una papelera nueva- y además si hubiere indemnizar el perjuicio causado.

Continuando con el artículo 28 de la ley 40/2015, y siguiendo con la responsabilidad en el procedimiento sancionador, la citada ley nos dice:

Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable.

¿Qué quiere decir esto, Jaime?

Con un ejemplo se entiende mejor.

En el impuesto de sucesiones todos los herederos son obligados al pago de forma solidaria. De tal manera que el no cumplimiento de esa obligación solidaria frente a la administración da lugar a una responsabilidad administrativa solidaria de carácter sancionador.

Claro, no te he dicho que es una responsabilidad solidaria. Este tipo de responsabilidad solidaria se da en aquellas obligaciones en las que los deudores, tiene que haber más de uno, están todos obligados a lo totalidad de la deuda.

Quiere decir esto que si juan y pepe están obligados solidariamente por 1000 euros frente Antonio. Antonio puede reclamar a juan los 1000 €, Reclamar 500 € a cada uno o 250 a uno y los restantes a otro. Lo que mejor convenga a Antonia para satisfacer su deuda. Artículo 1137 del código civil.

Para finalizar este artículo 28, la ley 40/2015 nos dice:

Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. Asimismo, podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas.

Se refiere a la responsabilidad invigilando, ya sea de la propia administración a través de sus funcionarios públicos. O del asesor fiscal que no advierte a su cliente que cumplir las obligaciones fiscales como el le indica, conlleva una infracción administrativa.

Principio de proporcionalidad

Este principio contenido en el artículo 29 de la ley 40/2015, viene a significar, que debe haber identidad proporcional entre los hechos y la infracción, entre la infracción y la sanción. Tanto en el momento de tipificar por el legislador, como de calificar la infracción e imponer la sanción.

Veamos en que se traduce esto:

  • Prohibición de aplicar sanciones que supongan privaciones de libertad.

Es lógico pues las penas privativas de libertad se imponen a través de un proceso penal y nunca como consecuencia de un procedimiento administrativo sancionador.

Esto que a priori parece tan lógico y se da por hecho, que a veces no nos preguntamos si se cumple.

Probablemente no se cumple, bueno no se cumple, pues diariamente la administración impone sanciones privativas de libertad. ¿Dónde? En las prisiones utilizando la sanción de aislamiento en celda.

  • Las sanciones pecuniarias -en forma de dinero- no pueden ser más favorables que el cumplimiento de la sanción. Esto es así porque de otro modo la infracción quedaría vacía de contenido y consecuentemente la norma que previene. Además, esta obligación del principio de proporcionalidad obliga tanto al legislador que determina la sanción como al órgano administrativo que la impone.
  • En la imposición de sanciones el órgano administrativo debe valorar:
    1. El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
    2. La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
    3. La naturaleza de los perjuicios causados.
    4. La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía
  • Concurso ideal de infracciones -apartado 5 del artículo 29-. Se da concurso ideal cuando una infracción acción da lugar a varias infracciones en este caso la ley 40/2015 lo resuelve imponiendo la sanción más grave.
  • Infracción continuada, se da cuando te da por infringir repetidamente el mismo precepto administrativo – romper papeleras repetidamente- o preceptos semejantes, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. En este caso la ley de régimen jurídico solamente dice que “será sancionable”. Que tranquilo se quedo el que redacto este precepto, dice que es sancionable pero no como se sanciona.

Prescripción de las sanciones e infracciones administrativas

Tanto las infracciones como las sanciones administrativas – artículo 30 de la ley 40/2015-, prescriben en el plazo de tiempo que establezca la ley que crea la infracción y la sanción. Sin embargo, ocurre a veces que la ley no establece el plazo de prescripción

En esos casos las infracciones y sanciones prescriben, respectivamente:

  • Muy graves: 3 / 2 años.
  • Graves: 2 / 2 años.
  • Leves: 6 meses / 1 año.

Inicio del plazo de prescripción de las infracciones

Se inicia desde el día de la comisión de la infracción, en el caso de las infracciones permanentes o continuadas desde el día que cesa la conducta infractora -desde que deja de romper papeleras-

Interrupción de la prescripción de las infracciones

La interrupción se produce por el inicio, con conocimiento del interesado de un procedimiento sancionador contra él.

Este plazo de prescripción se reinicia cuando desde el inicio del procedimiento administrativo sancionador, este permanece paralizado por tiempo superior a un mes por causas no imputables a este.

Inicio del plazo de prescripción de las sanciones

Se inicia desde el día siguiente que la infracción es ejecutable o desde el día siguiente el de la finalización del plazo para ser recurrida.

En el supuesto desestimación presunta del recurso de alzada contra la resolución sancionadora. El plazo de prescripción comienza desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de resolución del recurso.

Interrupción del plazo de prescripción de las sanciones

Interrumpe el inicio con conocimiento del interesado, el procedimiento de ejecución de la sanción.

Este plazo de prescripción de la sanción vuelve a correr cuando, el procedimiento de ejecución permanece paralizado por más de un mes por causas no imputables al interesado.

Prohibición de la concurrencia de sanciones

Tradicionalmente en derecho administrativo, no se podía poner una sanción administrativa cuando ya había sancionado penalmente. Como consecuencia de esto, la ley 40/2015 en el artículo 31 recoge esta prohibición.

Además, este artículo prohíbe la concurrencia de sanciones impuestas por la Unión Europea y las impuestas por alguna administración pública española.

Caducidad del procedimiento sancionador

Para determinar la caducidad del procedimiento sancionador, tenemos que acudir al artículo 25 de la ley 39/2015 de procedimiento administrativo común.

Bien, en ese artículo se dispone la caducidad de los procedimientos administrativos de carácter sancionador trascurrido el plazo para resolver y notificar sin que se hubiera este producido.

Plazo de caducidad del procedimiento sancionador

La ley 39/2015 no establece un plazo especifico de resolución de los procedimientos sancionadores, por lo que serán las normas reguladoras de cada procedimiento el que lo determine. Eso sí en el caso que estas tampoco lo determinen nos vamos al plazo general para resolver de tres meses desde el acuerdo de inicio del procedimiento – artículo 21 de la ley de procedimiento administrativo común-.

Comencé esta lección del procedimiento sancionador, diciéndote que este procedimiento sigue las mismas normas que el procedimiento administrativo común, pero a diferencia de este, el sancionador tiene algunas especialidades – artículo 63 de la ley 39/2015-. Vamos con la primera:

Inicio del procedimiento sancionador

  • El inicio siempre es de oficio
  • Completa separación entre la fase instructora y sancionadora que corresponden a órganos administrativos distintos.
  • No se puede imponer ninguna sanción administrativa sin la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo sancionador
  • Prohibición de iniciar nuevos procedimientos sancionadores al mismo sujeto, por las mismas infracciones, hasta que no haya sido resuelto el primer procedimiento con carácter ejecutivo.

Acuerdo de inicio del procedimiento sancionador

El acuerdo de inicio tiene que ser comunicado al instructor del procedimiento y notificado a los interesados, entre los cuales siempre será el inculpado de la infracción.

Contenido del acuerdo de inicio -artículo 64 de la ley de procedimiento administrativo:

Identificación de las personas presuntamente responsables

Constituye una doble garantía para el presunto infractor, por un lado, se evitan las acusaciones genéricas y por otro se evitan los inicios de procedimientos sancionadores sin inculpado alguno.

Hechos que se imputan

Al igual que en la identificación de las personas, para iniciar un procedimiento sancionador, es necesario identificar unos hechos concretos que fundamenten en inicio del procedimiento. Se evita así inicios falsos de procedimientos que solo persiguen iniciar investigaciones con una finalidad sancionadora.

Junto con los hechos, el acuerdo de inicio también debe indicar la posible calificación de los hechos y las sanciones que pudieran recaer.

Siempre hay excepciones y no todo va a ser tan bonito y esa excepción la da el apartado 3 del artículo 63, pues permite que “excepcionalmente” cuando no haya elementos suficientes para la calificación inicial se puede iniciar el procedimiento y realizar la calificación en un momento posterior.

Identificación del instructor

Constituye una garantía para el inculpado, fundamentalmente puedes saber, quien está detrás de la instrucción a efectos de posible recusación.

Órgano competente para resolver el procedimiento sancionador

No solamente el órgano competente sino además la norma que le atribuye tal competencia para resolver, evitando así atribuciones de competencias ad hoc.

Medidas de carácter provisional adoptadas

Las medidas provisionales que se pueden adoptar están indicadas en el artículo 56 de la ley de procedimiento administrativo.

Indicación del derecho a formular alegaciones

Esta indicación es una plasmación del derecho a alegar que tienen el interesado/inculpado en el procedimiento administrativo sancionador. Esta indicación no es un mero tramite del acuerdo de inicio ya que contiene una “trampa” cuando la ley 39/2015 dice:

A formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

En ocasiones hay procedimientos que resultan tan claros en cuanto a la determinación de los hechos y la actividad probatoria que el propio acuerdo de inicio puede funcionar como propuesta de resolución. Salvo que el inculpado realice alegaciones. Es ahí donde está el “truco” si no realiza alguna alegación desde el inicio la administración puede jugar con el “truco” de elevarlo como propuesta de resolución.

Terminación del procedimiento sancionador

La ley 39/2015 en el artículo 85 hace referencia a la terminación de los procedimientos sancionadores, para incluir algo que ya se estaba haciendo: “si pagas ya, te hago un descuento”

Esto era muy normal en las multas de tráfico, ellos fueron los “pioneros de este sistema”.  En la propia denuncia te ofrecen la posibilidad de pagar en un plazo y te hacen un descuento en la infracción.

Con la nueva ley 39/2015 se plasma eso que ya se hacía y se abre a todo tipo de procedimientos sancionadores, lo dice así:

Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo estos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.

Te lo explico de forma clara con un titular “Llévate un 20 % de descuento renunciando a todo”.

También contempla la ley la terminación del procedimiento, por reconocimiento de los hechos imponiendo la sanción. Este reconocimiento puede implicar la terminación en cualquier momento incluso sin el trámite de audiencia.

Por último, el artículo 85 contempla la terminación por pago de la sanción, siempre que este pago sea anterior a la resolución. Que dando vivo el procedimiento sancionador en lo relativo a la restitución e indemnización, siempre que haya la obligación de restituir e indemnizar.

La resolución de los procedimientos administrativos sancionadores

Antes de dictar resolución el órgano administrativo, debe realizarse un trámite previo que es:

La propuesta de resolución

Este trámite lo encontraras en el artículo 89 de la ley 39/2015. Este trámite además de serlo es un acto administrativo de trámite.

Veamos la propuesta de resolución:

Órgano competente para la propuesta de resolución: El instructor.

  • Tramites obligados en la propuesta de resolución:
  • Notificación a los interesados.
  • Indicación al interesado que puede realizar alegaciones y el plazo para realizarlo, además de aportar los documentos que estime necesarios.
  • Puesta de manifiesto del expediente. En este trámite también se indica al interesado que queda a puesta a su disposición el expediente. Es decir, puede acceder a él consultarlo, etc.

Contenido de la propuesta de resolución:

  • Hechos probados y porque se consideran probados -motivación-.
  • Exacta calificación jurídica.
  • La sanción que corresponda a las infracciones así calificadas.
  • La persona o personas responsables de los hechos.
  • La valoración de la prueba practicada.
  • Inexistencia de infracción cuando se considere este extremo y no se haya hecho antes de la propuesta de resolución.

En el último punto has visto que la propuesta puede declarar la ausencia de responsabilidad o inexistencia de la infracción. Esta posibilidad de hacer tal declaración se puede hacer en un trámite anterior y por tanto dar lugar a la finalización del procedimiento sancionador:

Lo encontramos en el artículo 89 apartado uno de la ley 39/2015, este apartado faculta al instructor a resolver la finalización del procedimiento sancionador y el archivo de las actuaciones, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

  • La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.
  • Cuando los hechos no resulten acreditados.
  • Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa.
  • Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad.
  • Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.

Especialidades en la resolución de los procedimientos sancionadores

Con este título empieza el artículo 90 de la ley de procedimiento administrativo 39/2015, y como te llevo diciendo desde el comienzo de esta lección, el procedimiento sancionador no es más que un procedimiento administrativo común con algunas especialidades, son las siguientes:

Contenido de la resolución:

  • Valoración de la prueba practicada, con especial referencia a aquellas que sean fundamento de la decisión.
  • Fijación de los hechos.
  • Fijación de las personas responsables.
  • La infracción o infracciones cometidas / declaración de no existencia de responsabilidad administrativa o infracción.
  • La sanción o sanciones impuestas.

Lo que NO puede tener el contenido de la resolución:

Hechos distintos a los tramitados en el curso del procedimiento.

Excepción: El órgano administrativo / sancionador, puede apreciar que los hechos son de mayor gravedad a los apreciados en la propuesta de resolución, en este caso el órgano realiza una nueva calificación con notificación al interesado y otorgando un plazo de 15 días hábiles para realizar nuevas alegaciones.

Otros pronunciamientos de la resolución sancionadora:

Las conductas infractoras en ocasiones dan lugar a responsabilidades de tipo indemnizatorio, estas responsabilidades no quedan acreditadas en el procedimiento sancionador. El artículo 90.4 de la ley 30/95 abre la posibilidad de abrir un procedimiento complementario con el único objeto de determinarlas.

Este procedimiento tiene como características:

  • Es inmediatamente ejecutivo.
  • Pone fin a la vía administrativa.
  • Es posible terminarlo de forma convencional.

Ejecutividad de las resoluciones de los procedimientos sancionadores

La resolución que ponga fin a este procedimiento son plenamente ejecutivas, siempre que no quepa contra ellas ningún tipo de recursos ordinario, pudiendo en este caso adoptar las medidas cautelares -provisionales- para asegurar la efectividad de la resolución en tanto en cuanto finaliza el plazo para recurrir o se sustancian los recursos.

¿Cuáles son los recursos ordinarios?

Buena pregunta, estos:

En el caso que sea ejecutiva una resolución sancionadora y el interesado / sancionado manifieste su intención de recurrir en vía contencioso-administrativa, la ejecución se podrá suspender. Esta suspensión finalizará cuando:

  • Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso administrativo.

Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo:

  • No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada.
  • El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella.

Hasta aquí el procedimiento sancionador, he intentado ser conciso para ti, pero para que puedas tener una visión completa en tu estudio. Me ha quedado finalmente 4583 palabras / 14 páginas.

Bueno todas para ti. Otro día más lecciones, puedes buscarme en internet por blog ius cogens o Jaime seguido de ius cogens.

Hasta la próxima ¡¡

Bibliografía

Rodríguez, A. E. (2017). La potestad disciplinaria de la Administración tras las Leyes 39/2015, de procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas y 40/2015, de régimen jurídico del sector público. Recuperado el 8 de 3 de 2019, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5810529

El procedimiento sancionador en la nueva regulación administrativa

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/d_administrativo/el-plazo-de-caducidad-en-el-procedimiento-sancionador

GAMERO CASADO, E. y FERNANDEZ RAMOS, S., Manual Básico de Derecho Administrativo, Tecnos,

Madrid, 2014, pág. 831. Concepto de tipicidad

La revisión de oficio en el derecho administrativo español

La revisión de oficio en el derecho administrativo español

Es una prerrogativa de la administración pública, por la cual esta puede declarar de oficio la nulidad de un acto administrativo o su lesividad por causa de anulabilidad para en este último caso, impugnar en vía contencioso-administrativa.

Saludos lector, por mi experiencia como preparador de oposiciones, la revisión de oficio es un concepto avanzado, que implica dar por aprendidos otros, como los siguientes:

Por lo que no te vendrá mal repasar antes esos conceptos.

Antes de entrar de lleno en el tema, tengo que advertirte que hay mucha confusión entre los opositores e incluso los juristas, acerca de lo que es revisión en vía administrativa y revisión de oficio.

La revisión de oficio es una revisión de actos nulos y anulables, por la que la administración puede revocar un acto nulo o declara la lesividad de un acto anulable.

Mientras que la revisión de un acto administrativo en vía administrativa comprende:

  • La citada revisión de oficio
  • Los recursos administrativos

Hecha esta advertencia o más bien anotación, entramos de lleno con…

La revisión de oficio de los actos administrativos

Regulada en la ley 39/2015, en los artículos 106 a 111, es una declaración por parte de la administración, que supondrá declarar nulo un acto administrativo o bien declarar la lesividad de un acto susceptible de anulabilidad.

A la vista de lo anterior, hay dos tipos de revisión de oficio:

1.Revisión de oficio de los actos administrativos nulos

El artículo 106 de la ley de procedimiento administrativo de 2015, dice:

Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.

De lo anterior podemos extraer varias características de la revisión:

  • La revisión de oficio de un acto nulo es una revocación de un acto administrativo.
  • Necesita de dictamen favorable del Consejo de estado u órgano equivalente de una comunidad autónoma.
  • Su objeto son los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o no recurridos en plazo.
  • Que se fundamente en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 de la ley 30/2015.

Los anteriores puntos no suponen ningún problema de comprensión, siempre que ya sepas lo que te dije antes, pero para fijar conceptos y que estos te sirvan de apoyo y recordatorio te voy a contar algo acerca de la denominación “de oficio”:

Te habrá sorprendido que se denomine revisión de oficio cuando en realidad, en la revisión de los actos nulos, la ley 39/2015 admite la solicitud del interesado.

Entonces ¿Qué significa de oficio?

De oficio significa que el inicio del procedimiento siempre corresponde a la administración.

Si es revisión de oficio, ¿Por qué se admite a solicitud del interesado en la revisión?

Hay una parte de la doctrina administrativa que entiende que el inicio de cualquier procedimiento administrativo es de oficio, incluso aquellos en los que se admite que se permita instarlo al interesado.

¿Por qué?

Porque el procedimiento administrativo siempre se va a iniciar con un acto administrativo – resolución o acuerdo de inicio- y…

¿Quién es el único sujeto con capacidad para dictar actos administrativos?

La administración por tanto siempre, según esta doctrina, se inicia de oficio.

Todo esto se ha ido arrastrando en las sucesivas leyes de procedimiento administrativo, causando que a veces haya confusiones de términos, como en es el caso del inicio de la revisión de oficio.

2.Revisión de oficio de las disposiciones administrativas nulas

Las disposiciones administrativas se revisan igual que los actos administrativos, con las siguientes diferencias:

  • El procedimiento de inicio de la revisión no puede ser interesado a instancia del interesado.
  • El fundamento de la nulidad además de las causas del 47.1 de la ley 39/2015 también puede fundamentarse en las del 47.2 de la citada ley, que al fin y al cabo son causas especificas de nulidad de las disposiciones administrativas

3.Revisión de oficio de los actos administrativos anulables

Cuando un acto administrativo favorable, incurre en una causa de anulabilidad -una infracción del ordenamiento jurídico o la desviación de poder- la administración puede impugnarlo ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.

Pero antes de esa impugnación es necesario un trámite formal que es:

La declaración de lesividad

Esta declaración previa a la impugnación en vía contencioso-administrativa supone que el órgano administrativo que dicto el acto administrativo reconoce que este incurre en causa de anulabilidad de acuerdo con el artículo 48 de la ley de procedimiento.

El acto de lesividad requiere para ser dictado, que previamente se dé audiencia a los interesados en el procedimiento administrativo previo al acto lesivo.

El inicio del procedimiento de declaración de lesividad caduca a los seis meses desde su inicio, si en ese plazo no se ha producido la resolución de lesividad.

La declaración de lesividad no es recurrible por los interesados, eso sí será notificada a estos y cómo dice la ley “a los solos efectos informativos”.

Limites a la revisión de oficio

El artículo 110 de la ley 39/2015 nos dice:

Las facultades de revisión establecidas en este Capítulo no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

En la practica no es un límite pues la ley limita con conceptos jurídicos indeterminados, dejando a la jurisdicción contencioso-administrativa la valoración de esos principios -equidad, buena fe, derecho de los particulares- que operan cómo limite.

En los casos de revisión de oficio de actos administrativos anulables, no causa muchos problemas, pues la apreciación la puede hacer la jurisdicción contenciosa al examinar la demanda de anulabilidad. Sin embargo, sí la administración revisa de oficio un acto nulo, y como consecuencia se declara nulo el acto administrativo. Tendría que impugnarse en vía contencioso-administrativa, sino queda al arbitrio total de la administración.

Revisión de oficio de actos administrativos anulables de gravamen

Si has observado la revisión de oficio de los actos anulables, estaba referida a los actos administrativos favorables al interesado…

¿Qué ocurre con los desfavorables?

La solución la aporta el artículo 109, estos actos son susceptibles de revocación, siempre que tal revocación, además de los limites anteriores, no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Una vez más conceptos jurídicos indeterminados.

Órganos administrativos competentes para la revisión de oficio de los actos administrativos

En el ámbito estatal

El consejo de ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por los ministros.

En la administración general del estado

Los ministros, respecto de los actos y disposiciones de los Secretarios de Estado y de los dictados por órganos directivos de su Departamento no dependientes de una Secretaría de Estado.

Los secretarios de estado, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos de ellos dependientes.

En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado

Los órganos a los que estén adscritos los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por el máximo órgano rector de éstos.

Los máximos órganos rectores de los Organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes.

Hasta aquí la revisión de oficio, si se te olvida la dirección de este blog de oposiciones, busca en internet por jaime ius cogens o ius cogens blog.

Bibliografía

Pastor, J. A. S., 2016. El «nuevo» régimen de la revisión de oficio y de los recursos administrativos. [En línea] https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5664259

Piñeiro, F. R., 2017. La revisión de los actos en vía administrativa tras la Ley 39/2015: revisión de oficio. [En línea] https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5803092

https://www.cccyl.es/es/extracto-doctrinal/vi-revision-oficio/c-limites-revision-oficio-aplicacion-articulo-106-ley-30-19

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20151002&tn=1#a111

El silencio administrativo. Explicación didáctica

El silencio administrativo. Explicación didáctica

El silencio administrativo es una ficción jurídica incorporada en los ordenamientos jurídico-administrativos, por la que se otorga un sentido estimatorio o desestimatorio, a la falta de resolución expresa por parte de la administración en un procedimiento administrativo.

Saludos lector ya has visto cual es el tema de hoy, el silencio administrativo o como también lo denominan algunos juristas, teoría de los actos presuntos.

El silencio administrativo en la ley 39/2 015

El concepto de silencio administrativo que te he expuesto arriba te da una idea de que pretende el legislador, cuando regula esta figura jurídica. Esto es asociar una resolución presunta a la falta de actividad o respuesta de la administración, en un procedimiento administrativo iniciado a solicitud del interesado o de oficio.

Más sencillo aun, la administración no resuelve un procedimiento administrativo, luego incumple la obligación de resolver, entonces la ley da un sentido estimatorio o desestimatorio a ese silencio o inactividad de la administración.

Como norma general la administración tiene la obligación de resolver, en el plazo que determine la norma reguladora del procedimiento que se trate. Si la norma no fija un plazo determinado, este será de tres meses, a contar desde:

  • La fecha del acuerdo de inicio, en los procedimientos iniciados de oficio.
  • Desde la fecha de entrada en el registro electrónico de la administración, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

De acuerdo con la ley de procedimiento administrativo 39/2015, existe dos tipos de silencio administrativo, según el sentido del mismo…

Silencio administrativo positivo

En los procedimientos iniciado a solicitud del interesado

Como norma general, así lo dice la ley 39/2015 en el artículo 24.1, el sentido del silencio administrativo es estimatorio.

Sin embargo, existen excepciones a esta regla general, y son las siguientes:

  1. En los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. – Es decir el sentido desestimatorio del silencio-
  2. En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución.
  3. Aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente.
  4. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.

Consecuencias del silencio administrativo positivo

El artículo 24. 2 de la ley 39/2015, nos dice que la estimación por silencio administrativo, tienen la consideración de actos administrativos finalizadores del procedimiento administrativo.

La estimación por silencio administrativo también tiene como consecuencia que la obligación de resolver y notificar permanece inalterada para la administración.

Es decir, la administración no queda liberada de su obligación de resolver, por estimación por silencio. Sin embargo, si queda vinculada al sentido del silencio estimatorio, pues al resolver este sólo podrá ser confirmatorio del silencio administrativo.

Como consecuencia la estimación por silencio obliga a la administración a que la resolución sea confirmatoria del silencio administrativo positivo o estimatorio.

Silencio administrativo negativo o desestimatorio

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado

Se produce la desestimación por silencio administrativo, en este tipo de procedimientos, cuando se dan las excepciones del apartado anterior, te las pongo en la imagen de abajo.

el silencio administrativo

En los procedimientos iniciados de oficio

En el caso del transcurso del tiempo máximo para resolver y notificar, en los procedimientos iniciados de oficio, el sentido del silencio será:

  1. En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
  2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.

Consecuencias del silencio administrativo negativo o desestimatorio

Al igual que te decía en el silencio positivo, la administración no queda liberada por la desestimación producida vía silencio administrativa. Pero en este caso de desestimación, la administración no queda vinculada al sentido del silencio.

El sentido del silencio administrativo en los recursos de alzada, reposición y revisión

En el caso de impugnación de los actos administrativos, es decir interposición de recursos administrativos, el transcurso del tiempo máximo para resolver y notificar estos, sin resolución. El sentido del silencio es desestimatorio a las pretensiones de los recurrentes.

Existe una excepción a lo mencionado en el párrafo anterior. En el caso de cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa.

Esto ultimo se entiende con la siguiente formula:

Silencio administrativo NEGATIVO X FALTA DE RESOLUCIÓN (-) del recurso de alzada del silencio negativo es = POSITIVO

ES decir, NEGATIVO X NEGATIVO ES IGUAL A POSITIVO.

Y en este último caso, también existe una excepción, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo, y no se haya resuelto ni notificado el recurso y se refiera a, las enumeradas en el artículo 24 párrafo segundo de la ley de procedimiento, te los vuelvo a enumerar:

  • Ejercicio del derecho de petición.
  • En el caso que se transfieran facultades relativas al servicio o dominio público.
  • Impliquen actividades que puedan dañar al medio ambiente.
  • Procedimientos de responsabilidad patrimonial.

 

Infografía / esquema, del silencio administrativo

infografia resumen del silencio administrativo

Descarga esta infografía del silencio administrativo en pdf

Ejemplos de silencio administrativo

Este tema como has comprobado, en una primera lectura resulta un poco confuso, no te preocupes una vez sistematizado y releído se comprende sin mayor problema.

Por eso y para acelerar, más la comprensión voy a ponerte algunos ejemplos.

Ejemplos de silencio administrativo positivo

Solicitud de escolarización en un colegio publico, transcurrido el plazo sin resolución de la administración, el sentido del silencio sería estimatorio. Este sería un ejemplo del primer párrafo, inciso primero del artículo 24 de la ley de procedimiento administrativo.

Ejemplo de silencio administrativo negativo

Solicitud de instalación de una vaya publicitaria, al ayuntamiento de una localidad. El silencio sería desestimatorio pues es una ocupación de suelo público (dominio público).

Solicitud de ocupación de suelo publico para instalar un velador. El sentido del silencio es negativo pues se conceden facultades sobre el dominio público.

Participación en un concurso de adjudicación, de contrato de concesión de servicios, para la vigilancia exterior de los centros penitenciarios (este contrato es real). Igualmente, que en los ejemplos anteriores tendría efectos desestimatorios, pero en este caso porque se otorgaría al solicitante facultades sobre un servicio público.

Hasta aquí el artículo de hoy sobre el silencio administrativo, antes de finalizarlo habrás observado que te he puesto más ejemplos de silencio negativo que de silencio administrativo positivo.

¿Cómo es esto, si la regla general es la estimación por silencio administrativo?

Pues porque una vez más la regla general se convierte en excepcionalidad. Si observas prácticamente todos los actos administrativos implican facultades o derechos cobre el dominio o servicio público.

Puedes buscarme en internet por blog ius cogens o Jaime de Alarcón seguido de ius cogens.

Conceptos utilizados en este artículo

Fuentes y referencias

Guadamillas, F. P. (2017). En el silencio administrativo no está la respuesta. Recuperado el 6 de 2 de 2019, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6071986

Laura villalba puado  TFM Universidad de Alcalá de Henares

Ley 39/2015

Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos

Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos

Saludos lector, el tema que hoy vamos a tratar es la nulidad y la anulabilidad de los actos administrativos. Es recomendable antes de continuar con la lectura de este artículo, leas este otro de los actos administrativos.

Nulidad y anulabilidad del acto administrativo en la ley 39/2015

En derecho publico en general y muy particularmente la nulidad se trata de igual manera que en derecho civil: En el derecho privado la nulidad esta referida a la invalidez de los contratos y más concretamente a los vicios de estos, en algunos de sus elementos, cuando incurren en causa de nulidad.

Para aclarar esto y ver las diferencias de la teoría de las nulidades en derecho administrativo y derecho civil, vamos a ver el artículo 1261 del código civil:

No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes:

  1. Consentimiento de los contratantes.
  2. Objeto cierto que sea materia del contrato.
  3. Causa de la obligación que se establezca.

Como puedes observar la nulidad por falta de consentimiento no podría ser aplicable en derecho administrativo pues los actos administrativos en su inmensa mayoría son de carácter unilateral.

Este es un solo ejemplo para que comprendas que la nulidad en derecho privado no se puede transponer en derecho administrativo.

Por ponerte otro ejemplo la ley 39/2015 en el artículo 47.1.b dice que es nulo el acto administrativo, dictado por órgano administrativo incompetente por razón de la materia o del territorio. No hay que adivinar (como dice Gordillo) que esto, referido a los contratos tampoco es posible trasladarlo.

Nulidad de los actos administrativos

Saber más sobre 👉 los actos administrativo

La nulidad de los actos jurídico administrativos se encuentra regulado en el artículo 47 de la Ley de procedimiento administrativo, y son los siguientes:

  1. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
  2. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
  3. Los que tengan un contenido imposible.
  4. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
  5. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
  6. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
  7. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.

Vamos a verlos uno a uno.

Nulidad de los actos administrativos, que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

Cuando el articulo 47.1 de la ley de procedimiento administrativo, menciona los actos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, se refiere a los llamados derechos fundamentales. Estos se encuentran en la constitución española en los artículos 14 a 29 y el derecho a la objeción de conciencia contenida en el artículo 30 de la citada constitución.

Lo puedes comprobar también en el artículo 41.1 de la Ley orgánica del tribunal constitucional que regula la interposición del recurso de amparo.

Nulidad del acto administrativo por incompetencia del órgano administrativo

El articulo 47. 1 exige para que se de esta nulidad por incompetencia del órgano administrativo, que esta sea manifiesta.

Es importante que tengas en cuenta la interpretación que hace tanto el Tribunal supremo como el Consejo de estado de este término. Cuando la ley 39/2015 dice que debe ser “manifiesta” se esta refiriendo a que tal incompetencia sea a simple “vista” ostensible, es decir que no haya que hacer un esfuerzo interpretativo, buscando en las normas de creación del órgano administrativo o de régimen jurídico de cada administración, para ver que dicho acto administrativo se ha dictado por órgano incompetente.

Por poner ejemplos de esta causa de nulidad:

La administración autonómica que dicta un acto administrativo, que afecta a dos comunidades autónomas, cuando debería dictarse por la administración general del estado, por esta doble afectación. (incompetencia por razón del territorio).

El pleno del ayuntamiento que aprueba la condonación de una deuda, cuando realmente la condonación tiene que estar prevista en una norma con rango de ley (incompetencia material).

Nulidad del acto administrativo por contenido imposible

La imposibilidad del acto administrativo puede entenderse desde el punto de vista físico y jurídico.

Físico porque el contenido del acto vaya en contra de las leyes físicas o de la propia realidad y por ello imposible de ejecutar.

Jurídico porque atente contar las propias leyes de una forma ostensible y clara, por ejemplo, dictar en un procedimiento sancionador una pena de prisión. Sin embargo, el Tribunal supremo (Sentencias de 19 de mayo de 2000, 2 de noviembre de 2004 y 31 de mayo de 2012) entiende que la imposibilidad de carácter jurídico debe interpretarse como una infracción al ordenamiento jurídico o ilegalidad de este y tratarlo como una anulabilidad.

En ese último punto pienso, que cuando dice eso el Tribunal supremo, es porque no se ha dado un caso tan grave (sanción de pena de prisión) como el que pongo en el ejemplo.

Nulidad del acto administrativo, por ser constitutivo de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta

Este tipo de nulidad se da cuando el acto administrativo ha sido dictado como consecuencia de una infracción penal o el mismo acto es constitutivo de un delito.

Un ejemplo de acto dictado como consecuencia de una infracción penal sería, el que se dicta en virtud de unos documentos falsos que han sido determinantes, en la instrucción del procedimiento administrativo.

Por el contrario, un acto administrativo que constituya infracción penal sería el que es dictado cometiendo un delito de prevaricación o cohecho.

Nulidad del acto administrativo, por prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, o de las normas que contengan las reglas esenciales para la formación de la voluntad del órgano colegiado

Esta causa de nulidad recuerda a la nulidad por incompetencia manifiesta del órgano administrativo. Pues la ley de procedimiento administrativo requiere la total y absoluta omisión del procedimiento legalmente establecido.

No sólo es necesario que se prescinda del procedimiento, en algunos trámites, debe ser la practica totalidad de los tramites y estos deben tener una entidad tal, que sea imprescindible la declaración de nulidad de pleno derecho.

Nulidad de los actos expresos o presuntos, contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

El ejemplo clásico de esta nulidad sería el opositor que obtienen el derecho al nombramiento como funcionario de carrera de una administración, pero se descubre que este no tiene la titulación exigida

Nulidad de los actos administrativos por otro motivo que se determinen en una norma con rango de ley

Sólo conozco una norma con rango de ley que incluya otras causas de nulidad del acto administrativo, y es la ley de contratos del sector público en el artículo 39.

Si tú, lector conoces otra estatal o autonómica te agradeceré que me lo digas en los comentarios.

Anulabilidad de los actos administrativos

El acto administrativo anulable se encuentra regulado en el artículo 48 de la ley 39/2015.

Algunos autores lo llaman vicio de nulidad relativa, refiriéndose a la anulabilidad, y vicio de nulidad absoluta, a la nulidad de pleno derecho.

Dejando al margen la denominación de la figura jurídica, la anulabilidad del acto administrativo es la regla general en el derecho administrativo, no ocurre lo mismo en derecho civil, que es al revés.

Es la regla general porque el articulo 48 de la ley 39/2015, dice que son anulables, los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder. Mientras que los motivos de nulidad de pleno derecho están tasados.

La ley de procedimiento administrativo, no obstante, previene a los más “avispados”, diciendo que los defectos de forma solo implican anulabilidad, cuando el acto carezca de los elementos formales necesarios para alcanzar su fin (falta de notificación) o produzcan indefensión (no notificar un pliego de cargos).

Elementos comunes a los actos administrativos nulos y anulables

Ha continuación te enumero una serie de aspectos que son de aplicación, a ambos tipos de invalidez del acto administrativo:

Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos. La ley 39/2015 pone una serie de limites al vicio de invalidez jurídica. Una de ellas es la previsión que ha tenido el legislador al limitar los efectos de la nulidad y la anulabilidad, pues esta no se transmite a los sucesivos actos administrativos.

Al igual las partes del mismo acto administrativo, que no tengan vicio de nulidad o anulabilidad, se pueden conservar.

Conversión de actos viciados. Lo encontramos en el articulo 50 de la ley 39/2015 y supone que los actos administrativos nulos o anulables, que contengan elementos de otro acto administrativo, producirán los efectos de este último.

Convalidación de los actos anulables. Supone que la administración puede subsanar los vicios de anulabilidad. En definitiva, supone arreglar lo estropeado para no tener que declarar la anulabilidad.

Cuando la invalidez del acto se produzca por incompetencia, no determinante de nulidad de pleno derecho, se puede subsanar, dictando la resolución el órgano competente.

Hasta aquí una breve aproximación a la nulidad y anulabilidad de los actos.

Siempre recomiendo el estudio por la propia ley, siempre que antes se haya hecho un ejercicio de comprensión, buscando en libros publicaciones o en este blog 😏. Pero es lo que mejor resultado da en el caso que seas opositor.

Te recuerdo que puedes buscarme en internet por ius cogens blog o aprende derecho con ius cogens.

Los recursos Administrativos

Los recursos Administrativos

¿Qué es un recurso administrativo?

El medio que facilita el legislador para la impugnación de un acto administrativo dictado por la administración, como consecuencia de la finalización de un procedimiento administrativo.

Saludos lector este podría ser el concepto de recurso administrativo, este es el concepto que yo propongo.

En este artículo voy a utilizar la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo.

Objeto de los recursos administrativos y actos recurribles

El artículo 112 de la citada ley de procedimiento administrativo, nos indica que son recurribles:

Las resoluciones, entendiendo por tal, los actos administrativos que ponen fin al procedimiento administrativo.

Los actos de trámite que decida dan directa o indirectamente sobre el fondo del asunto.

los actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuación del procedimiento administrativo.

Los actos, también de trámite, que produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos de las partes en el procedimiento.

Por lo tanto, si nos preguntamos ¿Qué es un acto administrativo recurrible? Acudiremos al artículo 112 de la ley de procedimiento administrativo y son los citados actos los que son recurribles en vía administrativa. No obstante, debes de tener en cuenta que son recurribles, los actos administrativos finalizadores del procedimiento administrativo, pero no hay que equivocar firmeza del acto o actos administrativos definitivos, con actos finalizadores del procedimiento administrativo o resoluciones como los denomina el artículo 112 de la ley 30/1995.

Un acto definitivo en vía administrativa es el dictado por un órgano administrativo que carece de superior jerárquico o bien teniendo superior jerárquico resuelve en alzada y por tanto carece de más recursos ordinarios.

Por el contrario, una resolución simplemente finaliza el procedimiento administrativo que se esté tramitando, pero no finaliza la vía administrativa.

Características jurídicas de los recursos administrativos

  1. Es una manifestación de disconformidad, de una de las partes en el procedimiento administrativo.
  2. En consecuencia, operan como medios de impugnación en materia administrativa.
  3. Son interpuestos ante el mismo órgano administrativo que dicto el acto o ante su superior jerárquico.
  4. Se caracterizan por una finalidad revocatoria, sustitutoria o modificación del acto jurídico administrativo

 Tipos de recursos administrativos

Para realizar una correcta clasificación de los recursos administrativoshay que diferenciar entre recursos ordinarios y recursos especiales o extraordinarios.

Los recursos administrativos ordinarios, son el recurso de alzada y el recurso de reposición.

Como recurso extraordinario, en el ordenamiento jurídico administrativo español, sólo está el recurso extraordinario de revisión, del que te hablaré más adelante.

Elementos de los recursos administrativos

Los recursos administrativos tienen una serie de elementos comunes que te voy a explicar ahora.

Interposición del recurso

La interposición de recursos administrativos tiene unos requisitos de forma:

  1. El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo.
  2. El acto que se recurre y la razónde su impugnación. Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
  3. Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación.
  4. Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.

Causas de inadmisión de los recursos administrativos

Las causas siguientes están recogidas en el artículo 116 de la Ley 39/2015

  1. Competencia del órgano administrativo, por tener la competencia otra administración pública.
  2. Falta de legitimación del recurrente.
  3. Actos no susceptibles de recursos.
  4. Finalización del plazode interposición del recurso.
  5. Falta manifiesta de fundamento jurídico del recurso.

Suspensión de la ejecución de los actos administrativos, por interposición de recursos

Como norma general la Le ley reguladora del procedimiento administrativo determina la no suspensión de la ejecutoriedad de los actos administrativos por interposición de recurso.

Este artículo 117 de la mencionada ley 39/2015 supone un problema cuando se llega al procedimiento contencioso administrativo, pues este a través de la Ley de la jurisdicción contencioso administrativo, reconoce la suspensión de la ejecutoriedad de los actos administrativos. Sin embargo, la Ley 39/2015 establece, como decía anteriormente, la no suspensión por interposición de recursos.

Ahí está el problema pues como bien dice Rubén Ibáñez bodornau:

Sin embargo, no se puede desconocer que desde que se notifique el acto administrativo hasta que el juez acuerda su suspensión cautelar el tiempo transcurrido pude dar lugar a la inviabilidad de la medida cautelar solicitada, por cuanto el hecho ejecutivo ya se ha consumado desplegando todos sus efectos con las consiguientes consecuencias.

Puedes leer el artículo completo aquí.

No obstante, como ocurre en derecho y en derecho administrativo en general, esta norma tiene sus excepciones:

  1. Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
  2. Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015.

Esta suspensión se puede dictar de oficio o a instancia del interesado en el procedimiento administrativo.

Recurso de alzada

Las resoluciones y actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa pueden ser recurridas en alzada ante el superior jerárquico.

Esta información no estaría completa si no sabemos que actos administrativos ponen fin a la vía administrativa.

Actos que ponen fin a la vía administrativa

Para saber que actos ponen fin a la vía administrativa y, por tanto, por exclusión saber que actos no ponen fin y por ello son recurribles en alzada. Tienes que acudir al artículo 114 de Ley de procedimiento administrativo, son los siguientes:

  • Las resoluciones de los recursos de alzada.
  • Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el apartado 2 del Art. 112, Ley 39/2015, de 1 de octubre.
  • Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
  • Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
  • La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.
  • Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

En el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa los actos y resoluciones siguientes:

  • Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.
  • Los emanados de los ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares.
  • Los emanados de los órganos directivos con nivel de director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal.
  • En los Organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.

Plazos de interposición del recurso de alzada

  • Si el acto administrativo es expreso, el plazo es de un mes.
  • Si el acto administrativo no es expreso o presunto, en cualquier momento a partir del día siguiente en el que produzca los efectos del silencio administrativo.

El plazo máximo para resolver y notificar el recurso de alzada es de tres meses.

Comparto un modelo de recurso de alzada. Estos modelos resultan de mucha utilidad para el estudio, pues supone un repaso completo al recurso en cuestión de sólo un vistazo.

Recurso potestativo de reposición

Este recurso como es opcional para el interesado y se interpone contra los actos que pongan fin a la vía administrativa. Resuelve, el mismo órgano administrativo que dicto el acto administrativo,

En el caso que se interponga este recurso, no se puede interponer el recurso contencioso administrativo, hasta que no sea resuelto el recurso de reposición.

Plazos de interposición del recurso de reposición

Al igual que ocurre con el recurso de alzada:

  • Si el acto administrativo es expreso, el plazo es de un mes.
  • Si el acto administrativo no es expreso o presunto, en cualquier momento a partir del día siguiente en el que produzca los efectos del silencio administrativo.

El plazo para dictar y notificar el recurso de reposición es de un mes.

Recurso extraordinario de revisión

El recurso de revisión se interpone contra los actos administrativos en los que ya no cabe recursos ordinarios -alzada y reposición-. Esto es, firmes en vía administrativa.

Este tipo de recursos sólo se pone en unas circunstancias extraordinarias, de ahí su nombre, que están tasadas en el artículo 125 de la Ley 39/2015, y son los siguientes:

  1. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
  2. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
  3. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
  4. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

Plazos de interposición del recurso extraordinario de revisión

Cuando este recurso está fundamentado, en la existencia de un error de hecho resultante de los documentos que obren en el expediente administrativo. El plazo será de cuatro años a fecha de notificación de los actos impugnados.

En los demás casos será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos nuevos que aparecieran o desde que la sentencia hubiera quedado firme. (Supuestos b, c, d, del artículo 125 de la ley 39/2015).

El plazo de resolución del recurso de revisión son tres meses, entendiéndose desestimado, si no hubiera resolución expresa en dicho plazo.

De la misma manera que hice con el recurso de alzada, te dejo un modelo de recurso extraordinario de revisión de una entidad pública empresarial, que te servirá para comprender mejor este recurso.

Conceptos utilizados en este artículo

Hasta aquí el artículo sobre los recursos administrativos, espero que haya sido de utilidad para ti lector y te recuerdo que puedes buscarme por ius cogens blog o aprende derecho con ius cogens.

El acto administrativo.

El acto administrativo.

El acto administrativo en el derecho Español.

Hola lector te traigo un nuevo artículo de este blog, como sabrás el acto administrativo merece un tratamiento distinto, detallado y por tanto merecedor de un artículo completo.

Si bien es cierto que en ocasiones esto se estudia dentro del procedimiento administrativo, este tema (el acto administrativo) cuenta incluso con completas tesis doctorales, publicaciones en revistas especializadas, etc.

Todo esto viene a demostrar la importancia que el acto administrativo, tiene como engranaje fundamental del procedimiento administrativo.

El acto administrativo podría definirse como, la forma de finalización necesaria del procedimiento administrativo común. Pera este concepto lo hace dependiente del procedimiento administrativo, por lo que se puede quedar corto.

Concepto de acto administrativo.

Entre los administrativistas existe un consenso pacífico en torno al concepto de acto administrativo. Este consenso parte de la teoría de Zanobini (jurista italiano, años 30 del siglo XX), de definir al acto administrativo desde el punto de vista del negocio jurídico.

Es decir traer la teoría del negocio jurídico del derecho civil, a la teoría del acto administrativo. Por lo tanto en este sentido el acto administrativo no sería un acto imperativo (excluyendo los que exigen el uso de medios coercitivos) sino de voluntad por parte de la administración.

Por tanto y de acuerdo con esta teoría nos quedamos con el concepto de acto administrativo aportado por Eduardo Garcia de Enterria. Según el cual el concepto de acto administrativo sería:

La declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta a la potestad reglamentaria.

Elementos del acto administrativo.

Elemento subjetivo del acto administrativo.

Se refiere al sujeto que dicta el acto administrativo, que va a ser siempre una administración pública o una entidad de derecho público que ejerza potestades públicas.

Este elemento nos lo proporciona implícitamente el artículo 34.1 de la Ley de procedimiento administrativo común 39/2015

Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.

Elemento objetivo del acto administrativo.

Entre los elementos objetivos del acto administrativo nos encontramos:

Elementos objetivos, de  contenido, del acto administrativo, nos lo da el artículo 34.2 de la Ley de procedimiento administrativo común.

El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.

La causa, como elemento objetivo del acto administrativo:

La causa es la representación que se hace el sujeto titular de la potestad pública, para dictar una acto administrativo de acuerdo al ordenamiento jurídico.

En este sentido la sentencia 28 octubre de 1988,  del Tribunal supremo considera a la causa como elemento del acto administrativo.

Finalidad, como elemento objetivo del acto administrativo.

Si la causa responde al ¿Por qué?, del acto administrativo. La finalidad debe responder al ¿Para qué?.

Esta finalidad debe de ser lícita y por tanto conforme al ordenamiento jurídico administrativo.

Esta conformidad y finalidad de acuerdo al ordenamiento jurídico se da cuando, cumple lo dispuesto en:

Artículo 103 de la Constitución española.

“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales”

Artículo 3.1 de Ley de régimen jurídico del sector público.

“Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales”

Elementos formales del acto administrativo.

Este elemento del acto administrativo viene recogido en el artículo 36 de la Ley de procedimiento administrativo 39/2015. Se refiere a la forma que adopta el acto administrativo.

Por escrito: Es la forma general que adoptan los actos administrativos y la que más seguridad jurídica genera a los administrados.

De forma verbal: Es común en ciertos ámbitos que los actos administrativos se dicten de forma oral ( policías, ejercito) de hecho el artículo  de la Ley de procedimiento administrativo ya lo tiene previsto, al igual que lo tenia la antigua ley 30/92.

“En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido.

Clases de actos administrativos.

En los temarios de derecho administrativo, oposiciones, etc se incluye siempre este epígrafe “clases de actos administrativos”, sin embargo no lo considero muy práctico.

Verás diariamente se producen cientos de actos de carácter administrativo en España, tenemos de hecho tres niveles administrativos en nuestro país, sin contar la administración de la Unión europea.

Intentan clasificar esto por clases de actos, obedece más a una manía que tenemos de clasificar todo.

Clasificaciones hay tantas como autores así pues daré la clasificación de acto administrativo, que considero más práctica:

Clases de actos administrativos en función de la firmeza del acto.

Actos administrativos definitivos.  Son los que ponen fin al procedimiento administrativo.

Actos administrativos de trámite.  Son actos necesarios para iniciar o impulsar el procedimiento administrativo.

Clases de actos administrativos en función de los recursos.

Actos administrativos firmes. Aquellos actos que no son recurribles bien porque el interesado ha dejado pasar el plazo para recurrir el acto bien porque ha sido recurrido y no procede más recursos.

También ocurre cuando un interesado no recurre el acto administrativo que pone fin, a la solicitud que activo el procedimiento administrativo, y vuelve a realizar idéntica solicitud. Esta segunda resolución tendrá consideración de confirmatoria de la primera.

Actos administrativos no definitivos. Cabe recurso en vía administrativa o contencioso administrativo

Clases de actos administrativos en función del sentido del silencio administrativo.

Actos administrativos presuntos. Se entiende por tal los actos en los que ha pasado el tiempo máximo para resolver por parte de la administración y no resuelve.

Actos administrativos expresos. Son aquellos actos en los que hay resolución expresa por parte de la administración dentro de plazo, o bien resolución expresa confirmatoria del acto administrativo presunto.

Características del acto administrativo.

Las características administrativas se pueden extraer del propio concepto del acto administrativo y de todo lo que te he estado contando hasta ahora, veamos la características del acto administrativo.

  • Acto jurídico que expresa una declaración de voluntad.
  • Es una acto sujeto al ordenamiento jurídico administrativo.
  • Tiene por finalidad satisfacer los intereses generales.
  • Salvo excepciones su forma es escrita.
  • Tienen presunción de validez (artículo 39.1 de la Ley de procedimiento administrativo).
  • Gozan de eficacia jurídica desde el  momento que se dictan, salvo excepciones de eficacia demorada (artículo 39.2 de la Ley 39/2015).

Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos

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Ejemplos de actos administrativos.

Como ya dijimos en España se producen diariamente cientos, quizás miles, de actos administrativos, por lo que nada mejor que “tirar” de BOE o Diarios oficiales de comunidades autónomas, para encontrar unos cuantos.

Ejemplo de acto administrativo número 1:

Adjudicación de un puesto de jefe de negociado de visados en el consulado de España en Orán.

BOE 5/11/2018.

Ejemplo de acto administrativo número 2:

Contrato de arrendamiento de la Delegación de la junta de Andalucía en Cádiz.

Boletín oficial de la Junta de Andalucía 5/11/2018.

Ejemplo de acto administrativo 3:

Aprobacion provisional de adminitidos y excluidos, las oposición para cubrir una plaza de policía local en el ayuntamiento de Medina de las Torres (Badajoz).

Más ejemplos de actos administrativos :

  • Una multa de tráfico.
  • Una resolución administrativa de adopción.
  • Una acto administrativo de concesión de una subvención.
  • La nomina de mensual de un funcionario público (Sí esto también es un acto administrativo).

 ¿qué ejemplo de acto administrativo añadirías a la lista?

Conceptos utilizados en este artículo

Por el momento hasta aquí el artículo sobre el acto administrativo.

Recuerda que este artículo lo iré actualizando, como todos los de este blog.